La prensa en la II República española
Justino Sinova
21 septiembre, 2006 02:00
El título de este libro, matizado por un subtítulo (Historia de una libertad frustrada) algo más explícito, puede despistar por su contención. Conviene puntualizar que no es un estudio académico sobre el ámbito periodístico en general sino un ensayo desapasionado pero apasionante que aborda sólo un aspecto de la política republicana: la censura y persecución de Prensa que desarrollaron los gobiernos desde el 14 de abril al comienzo de la guerra.
"¿Censura? ¿Censores? ¿En la II República?" El propio autor, consciente de la "imagen idílica" que se ha construido de ese régimen en los últimos años, se hace eco de la probable sorpresa de muchos lectores. "Sí, han leído bien", contesta Sinova, porque lejos de ser el paraíso de la libertad de expresión que algunos se empeñan en publicitar, el período republicano se caracterizó por la desconfianza del poder ante "todas las manifestaciones públicas del pensamiento". Aunque sólo fuese suspicacia o temor, lo cierto y relevante es que esa actitud se tradujo pronto en resuelta voluntad de fiscalizar las expresiones políticas y en pura arbitrariedad más adelante.
Estamos hablando de amenazas gubernamentales a periodistas, multas al órgano de Prensa que no era adicto o servil, cierres por semanas o meses de cabeceras críticas, secuestros, censura previa, consignas obligatorias, y toda la gama imaginable de presiones. Es verdad, reconoce Sinova, que escaseaba el periodista profesional y el periódico se concebía co-mo propaganda. Pero eso difícilmente justifica medidas draconianas como la Ley de Defensa de la República, "una ley de excepción impropia de un sistema democrático".
Para el autor es incuestionable la responsabilidad de Azaña y la izquierda en el establecimiento de un marco de acoso sistemático al adversario político, así en la ley como en la praxis. Era la resultante directa, dice Sinova, en una línea de argumentación que recuerda el ensayo de álvarez Tardío (El camino a la democracia en España), de la concepción patrimonialista que ese sector tuvo de la República. Sólo desde esa prepotencia pueden entenderse múltiples medidas injustas, caprichosas o ridículas: así, la sanción a un diario abulense por reclamar la entrada dominical gratuita a los museos, considerada parte de la "campaña contra la República" (p. 131).
No puede silenciarse que la mayor parte de la obra analiza las medidas que desencadenaron los gobiernos de izquierda contra los órganos de expresión que consideraban desafectos a su tendencia política y, en abusiva extrapolación, a la República. No estamos sin embargo ante un panfleto contra la izquierda republicana, sino ante una obra bien documentada que pretende describir sin apriorismos, aportar datos concretos y sacar conclusiones. Por eso, cuando llega el turno del bienio derechista, el autor no baja el listón de sus exigencias y expone que los nuevos gobernantes, además de establecer un permanente estado de excepción a causa de la violencia callejera, no hicieron más que dar la vuelta a la tortilla, recayendo en parecidos abusos y hasta en el mismo ridículo. La única diferencia estaba en que ahora eran por lo general periódicos del otro sector político los que sufrían la arbitrariedad. En lo tocante a iniciativas legales, destaca Sinova que la reglamentación de prensa que promovió Gil Robles era tan inaceptable como las anteriores iniciativas de izquierda.
No es extraño por ello que el autor considere en sus conclusiones que fue aquella una ocasión perdida. Las responsabilidades de la izquierda y la derecha fueron diferentes, pero ambas coincidieron en un elemento esencial, no entender que un sistema de libertades debe basarse en el respeto a la disidencia. Por eso, lejos de ser un modelo a imitar, aquella República fue una democracia muy imperfecta. La actual democracia española no debe tener complejo alguno ante ella: entre otras cosas, porque la "supera ampliamente en casi todos los aspectos".
"¿Censura? ¿Censores? ¿En la II República?" El propio autor, consciente de la "imagen idílica" que se ha construido de ese régimen en los últimos años, se hace eco de la probable sorpresa de muchos lectores. "Sí, han leído bien", contesta Sinova, porque lejos de ser el paraíso de la libertad de expresión que algunos se empeñan en publicitar, el período republicano se caracterizó por la desconfianza del poder ante "todas las manifestaciones públicas del pensamiento". Aunque sólo fuese suspicacia o temor, lo cierto y relevante es que esa actitud se tradujo pronto en resuelta voluntad de fiscalizar las expresiones políticas y en pura arbitrariedad más adelante.
Estamos hablando de amenazas gubernamentales a periodistas, multas al órgano de Prensa que no era adicto o servil, cierres por semanas o meses de cabeceras críticas, secuestros, censura previa, consignas obligatorias, y toda la gama imaginable de presiones. Es verdad, reconoce Sinova, que escaseaba el periodista profesional y el periódico se concebía co-mo propaganda. Pero eso difícilmente justifica medidas draconianas como la Ley de Defensa de la República, "una ley de excepción impropia de un sistema democrático".
Para el autor es incuestionable la responsabilidad de Azaña y la izquierda en el establecimiento de un marco de acoso sistemático al adversario político, así en la ley como en la praxis. Era la resultante directa, dice Sinova, en una línea de argumentación que recuerda el ensayo de álvarez Tardío (El camino a la democracia en España), de la concepción patrimonialista que ese sector tuvo de la República. Sólo desde esa prepotencia pueden entenderse múltiples medidas injustas, caprichosas o ridículas: así, la sanción a un diario abulense por reclamar la entrada dominical gratuita a los museos, considerada parte de la "campaña contra la República" (p. 131).
No puede silenciarse que la mayor parte de la obra analiza las medidas que desencadenaron los gobiernos de izquierda contra los órganos de expresión que consideraban desafectos a su tendencia política y, en abusiva extrapolación, a la República. No estamos sin embargo ante un panfleto contra la izquierda republicana, sino ante una obra bien documentada que pretende describir sin apriorismos, aportar datos concretos y sacar conclusiones. Por eso, cuando llega el turno del bienio derechista, el autor no baja el listón de sus exigencias y expone que los nuevos gobernantes, además de establecer un permanente estado de excepción a causa de la violencia callejera, no hicieron más que dar la vuelta a la tortilla, recayendo en parecidos abusos y hasta en el mismo ridículo. La única diferencia estaba en que ahora eran por lo general periódicos del otro sector político los que sufrían la arbitrariedad. En lo tocante a iniciativas legales, destaca Sinova que la reglamentación de prensa que promovió Gil Robles era tan inaceptable como las anteriores iniciativas de izquierda.
No es extraño por ello que el autor considere en sus conclusiones que fue aquella una ocasión perdida. Las responsabilidades de la izquierda y la derecha fueron diferentes, pero ambas coincidieron en un elemento esencial, no entender que un sistema de libertades debe basarse en el respeto a la disidencia. Por eso, lejos de ser un modelo a imitar, aquella República fue una democracia muy imperfecta. La actual democracia española no debe tener complejo alguno ante ella: entre otras cosas, porque la "supera ampliamente en casi todos los aspectos".
