Entidades de gestión, ¿son necesarias?

Inés París
Guionista y directora de cine

Colectivo, como los autobuses en Argentina

Escribo y dirijo tanto películas como series de televisión y soy una rara avis no solo por ser mujer sino porque he conseguido vivir de mi trabajo y sacar adelante a mi familia con una profesión creativa tan apasionante como irregular e insegura. La idea generalizada que existe de las autoras y los autores, esa que nos muestra en la alfombra roja de los festivales de cine, tiene poco que ver con la realidad cotidiana. Los guionistas trabajamos mucho pero con frecuencia cobramos poco, mal y tarde. En esta industria son escasas las empresas que pueden invertir en desarrollo con lo cual los que vamos ‘por delante’ en los proyectos (que ponemos la primera e indispensable piedra) solemos no cobrar por nuestro trabajo hasta que -si esto sucede- se consigue producir una serie o una película que parte de nuestro guion.

A veces estas historias, cuando hay suerte, talento y una buena distribución, llegan a ser éxitos y generan mucho dinero. Viajan por todo el mundo, las ven millones de personas, duran años, se producen remakes… A mí me ha pasado algunas veces y es lo mejor del mundo porque para eso trabajamos, para que nuestras historias conmuevan a cuanta más gente mejor.

"Si la gestión del derecho de autor se queda en manos de particulares sabemos lo que pasará: solo cuatro autores ricos tendrán poderosos despachos de abogados cobrando para ellos"

Cuando el éxito aparece, autoras y autores ya hemos cobrado una cantidad cerrada: no somos productores: vendemos, como todos los trabajadores, nuestra fuerza de trabajo, o sea, ideas, historias, imágenes… y muchas veces por una cantidad que nada tiene que ver con la riqueza generada. (Por ejemplo, yo cobré por mi primera película 15.000 euros y los derechos de remake se vendieron a EE.UU. por 600.000). Pero… en España, ¡felicitémonos!, hay una ley de derecho de autor que defiende que autoras y autores deben participar del éxito de su obra. De tal forma que cuando consigues que tu trabajo genere muchos beneficios, tú recibes una parte. Es una parte pequeña pero debo decir que es también indispensable para muchos de nosotros. Con mis derechos de autor he pagado matriculas de universidad para mis hijos, he dado una entrada para un coche que necesitaba o me he cambiado de ordenador. Y en el caso de los músicos, es de lo que viven además de los conciertos.

Mis derechos de autor me los gestiona SGAE, una de las dos entidades que existen en el ámbito audiovisual, la otra es DAMA. Las dos son entidades de gestión colectiva, lo que quiere decir que gestionan a una multitud de autoras y autores. Que seamos muchos nos permite tener fuerza en las negociaciones de nuestros derechos y mantener una sociedad que actúa en el mundo entero. Más allá de las críticas -tantas veces pertinentes- a SGAE debemos recordar que lo importante para los creadores es que con unas siglas u otras se defienda una gestión colectiva de nuestros derechos. Si la gestión del derecho de autor se queda en manos de particulares sabemos bien lo que pasará: solo cuatro autores ricos tendrán poderosos despachos de abogados cobrando para ellos. Yo, como soy ‘del resto’, de los normales, de las mujeres a las que tanto nos cuesta mantenernos en la creación, defenderé siempre que la gestión de nuestros derechos sea colectiva.

Sabino Méndez
Músico y escritor

Urge una racionalización

Las limitaciones del actual sistema de recaudación y reparto de derechos de autor han aflorado por el choque entre televisiones y discográficas. Con la desaparición de los soportes, las discográficas (que son quienes, a través de contratos firmados hace años, gestionan actualmente los repertorios de los artistas populares) han perdido influencia. Las televisiones son ahora el principal canal (junto con internet y el directo) de difusión musical. Reticentes ante las cantidades que tenían que pagar por usar los repertorios, las televisiones han optado por crear empresas intermediarias que, a través de contratos con autores, les permitieran un retorno de ese gasto. Para garantizárselo, introdujeron progresivamente representantes de los intermediarios en las entidades de gestión colectiva. Muchos de esos intermediarios, sin el control pertinente, han caído en prácticas más que discutibles que contravienen la Ley de Propiedad Intelectual.

Urge una racionalización. Una simple liberalización del mercado de recaudación y reparto no solucionaría los problemas. Sería fácil que se repitieran, en las nuevas entidades, las presiones e influencias en perjuicio de los autores. El estatus singular de las entidades de gestión colectiva (entre lo público y lo privado) exige que esa liberalización proteja la justicia del reparto. Todos conocemos el inaceptable panorama actual en el cual quienes cobran más derechos de autor no son los artistas más populares, sino artistas menos conocidos que aparecen por televisión en la franja de las dos a las siete de la mañana. Entre las tarifas artificialmente infladas de nocturnidad y los fondos musicales inaudibles, se calcula que las obras de los autores que todos conocemos y que generan casi el 100 % de ingresos reciben tan solo el 30 % de lo recaudado.

"Con la desaparición de los soportes, las discográficas han perdido influencia. Las televisiones son ahora el principal canal (junto con internet y el directo) de difusión musical"

Es un conflicto de compleja solución pero el propio carácter mixto, entre público y privado, de las entidades de gestión posibilita buscar salidas. Potenciar la tutela pública de las entidades facilitaría al ejecutivo arbitrar en el conflicto de televisiones y discográficas. A la vez, no se puede ignorar la importancia de las televisiones en las campañas políticas y la vulnerabilidad de la política a las correspondientes presiones. Ni el Senado ni el Congreso pueden permitirse legitimar con sus votaciones la mal llamada “rueda”, una trama bajo investigación judicial. Se pondrían en contra al público, a la cultura y concitarían el rechazo internacional. Por otra parte, las televisiones preferirían en gran manera un sistema menos complicado y contradictorio que pagar cien millones anuales de contenidos a los autores y tener luego que crear empresas dudosas para recuperar 60 de ellos con polémica. Sería más eficiente pactar tarifas más racionales y directas, librándose de que los intermediarios distorsionaran el reparto al resto de los autores. Siempre con control público, extremo cuidado y respeto a lo que tuvieran que decir las comisiones de competencia sobre cómo debería hacerse.