El director de una residencia de Madrid y una médica drogaban a ancianos para robarles dinero

La Guardia Civil ha detenido al director de una residencia de mayores de Las Rozas por un delito de estafa e investiga a una doctora por un delito de lesiones y otro de estafa por drogar a ancianos para extraer dinero de sus cuentas, ha informado la Comandancia de Madrid en una nota de prensa.

El arrestado, ganándose la confianza y el cariño de los residentes se aprovechaba del estado de salud física y mental de varios de los usuarios de la residencia para hacerse con el dinero de sus cuentas corrientes.

La investigación se originó a raíz de la denuncia de un familiar de un residente que puso en conocimiento de la Guardia Civil sus sospechas de que personal de la residencia estaba sacando dinero de manera fraudulenta de la cuenta corriente de su familiar, el cual se encontraba internado en el hospital.

Los agentes constataron que el director de la residencia, de 49 años de edad, se aprovechó del estado de vulnerabilidad del residente, logrando hacerse con diversas cantidades monetarias que extraía de su cuenta corriente. Esta persona contaba con la ayuda de una doctora, la cual suministraba dosis excesivamente elevadas de insulina, y que incluso llevó a un anciano a estar ingresado por hipoglucemia.

Según el parte médico, suministrada en cantidades excesivas provoca un estado de somnoliencia. Además, al ahondar en la gestión de la residencia, hasta el momento la Guardia Civil ha logrado detectar otros 5 casos fraudulentos, donde incluso una vez fallecidos los residentes, el detenido seguía haciendo cargos con una tarjeta de crédito a nombre del titular.

Los guardias civiles consiguieron cancelar un traspaso de 122.000 euros entre cuentas, proveniente de un fondo de pensiones de una residente, del cual pretendía apoderarse.

Del estudio realizado, se estima que este individuo podría haber estafado cerca de 270.000 euros a los residentes afectados, tres de los cuales ya han fallecido.

La situación de vulnerabilidad de los ancianos, algunos con 90 años y otros con grados de discapacidad y dependencia severa, motivaban que confiaran en la persona del director de la residencia al que habilitaban para gestionar sus cuentas.

Gracias a la colaboración con el Juzgado de lo social y el Juzgado que instruye la causa, los investigadores han bloqueado un depósito de 80.000 euros que el ya detenido tenía previsto cobrar por despido improcedente y quedar depositado para hacer frente a las indemnizaciones.