El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha reunido este miércoles con el ministro de Universidades, Joan Subirats, con el objetivo de acercar posturas y garantizar la financiación para aplicar la futura Ley de Universidades.
Así lo ha puesto de manifiesto la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, en una rueda de prensa junto al ministro en la sede del Gobierno regional, el Palacio de Fuensalida de Toledo, tal y como informa la Agencia EFE.
La consejera ha expresado que la conversación entre ministro y presidente regional se ha desarrollado “en tono distendido”, abordando cuestiones de la futura ley y mostrando la “preocupación de la Junta” por lo que supondrá la aplicación de la misma y los nuevos parámetros que dirigirán la vida de las universidades.
Así, García-Page y Subirats han acercado posturas sobre cuestiones como la situación en la que queda el conjunto de profesores asociados o la financiación del incremento del presupuesto de la implementación de la ley. La consejera lo ha fijado en 12 millones de euros para la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y la Universidad de Alcalá en su sede de Guadalajara.
“Ese montante irá destinado a sufragar el profesorado que se tendría que incorporar o a reestructurar o reformular de una u otra manera a la hora de incorporar las condiciones de la nueva ley”.
Por último, ha confiado en que la comunidad y el Ministerio “sigan poco a poco acercando posturas ya que hay un ánimo de reflexión y análisis conjunto y el compromiso expreso del Gobierno de escuchar a las autonomías en relación al posible acompañamiento en la financiación”.
Subirats reconoce la “preocupación”
Por otro lado, el ministro Subirats ha explicado que ha tratado con García-Page “el momento que viven las universidades españolas y el proceso de tramitación de la nueva norma”.
Ha reconocido la “preocupación” de las comunidades autónomas en relación a la financiación porque “es evidente que las universidades autónomas tienen una dependencia muy clara de la financiación de las comunidades”. Sin embargo, ha indicado que desde el Ministerio están trabajando para que la ley tenga en cuenta esta “compleja relación entre estado, comunidades y universidades, con el objetivo de dar seguridad”.
“La ley incorporará muchos elementos que van a mejorar el funcionamiento de las universidades, pero eso tiene que venir compensado por una financiación adecuada”.
Por último, ha abogado por recuperar el nivel de financiación pública para las universidades que había en 2009, a la vez que ha celebrado el “nuevo paso de colaboración entre instituciones”. “Hay un compromiso del Gobierno de España de reconocer esa necesidad de mejora de la financiación y de entender que sin la colaboración entre Estado y comunidades autónomas la mejora de las universidades públicas no va a ser posible”.
