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Economía ANTES DE DISEÑAR LA NUEVA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO

Dos mil empleados públicos de Castilla-La Mancha serán integrados o reubicados en la nueva estructura de la Junta

5 julio, 2017 07:29

La negociación de la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Junta abordará como paso previo la integración en la estructura global de la administración autonómica de siete colectivos, que suman más de 1.300 funcionarios, y la reubicación de otros tres, con otros 700 trabajadores en total, que deben pasar del Grupo C al B.

Según ha informado CCOO en una nota, en la Mesa Sectorial del Personal Funcionario celebrada ayer, la Dirección General de Función Pública aceptó el planteamiento de CCOO, que expresó "la necesidad de integrar las escalas y llevar a cabo el desarrollo de los Cuerpos pendientes de readscripción, de forma previa al debate de la RPT consejería a consejería".

"Estamos hablando en total de unos 2.000 funcionarios, más de un 22% de los aproximadamente 9.000 que conforman la administración general de la Junta, ha indicado el responsable del Sector Autonómico de la FSC-CCOO, Ramón González, que ha agregado que no tendría sentido negociar la nueva RPT dejando al margen a todos estos trabajadores.

Negociar globalmente

En la actual RPT, que lleva pendiente de reorganización desde 2005 y que el actual gobierno y los sindicatos han decidido renegociar globalmente a partir del mes de septiembre, hay siete colectivos que tienen sus propias escalas al margen del resto, "lo que limita sus posibilidades de movilidad y de carrera profesional, circunscrita la de cada cual a su propia escala".

Éstas son Sanitarios Locales (544 funcionarios), Archivos, Bibliotecas y Museos(171), Educativa (68), Sociosanitaria (234), de Prevención de Riesgos Laborales (57), de Sistemas y Tecnología de la Información (200) y Superior de Letrados (30).

Por su parte, los Cuerpo de Agentes Medioambientales (490 personas), Administrativos TIC (200) y Técnicos de Prevención (5), adscritos ahora al grupo C, deben pasar al B, tal y como marca la Ley 4/2011, lo que supone una mejora económica de unos 120 euros para cada uno de los afectados.