El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, ha enviado este miércoles una carta al consejero de Hacienda y Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, Alfonso Ruiz Molina, en la que le comunica que esta Comunidad ha incumplido el objetivo de déficit y que, en consecuencia, volverá a estar bajo el control del Fondo de Liquidez Autonómico, del que había dejado de estar sujeta en el mes de mayo.

Recuerda el Ministerio de Hacienda en la carta, a la que ha tenido acceso este diario, que el pasado 16 de octubre se publicó el segundo informe de valoración del cumplimiento de los objetivos de estabilidad, deuda pública y regla de gasto. Conforme a la actualización de dicho informe, la Comunidad Autónoma de Castilla- La Mancha "habría pasado a incumplir el objetivo de estabilidad del ejercicio 20L6, al incurrir en un déficit computado de acuerdo con la metodología de la Contabilidad Nacional (necesidad de financiación) de 313 millones de euros, lo que representa un 0,82%o del PIB regional de dicho ejercicio". Por lo tanto, dice el secretario de Estado, "el déficit registrado por la Comunidad Autónoma en el 2016 fue superior a su objetivo de estabilidad para ese ejercicio, aprobado por el Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de diciembre de 2016, y que establecía una necesidad de financiación máxima del 0,7% del PIB regional".

Ante este incumplimiento, el Gobierno regional deberá remitir a la Secretaría del Consejo de Política Fiscal y Financiera "un plan económico-financiero en el plazo de un mes desde que se constate el incumplimiento, lo cual se ha producido con la publicación el día 16 de octubre del informe sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y de la regla de gasto anteriormente citado".

De nuevo bajo el control del FLA

Por otro lado, continúa la carta, "el pasado 11 de mayo se remitió comunicación por la cual se prestaba conformidad al contenido del plan de ajuste para la adhesión al Fondo de Liquidez Autonómico del ejercicio2OIT. En dicha comunicación se señalaba que atendiendo a los datos de avance del ejercicio 2016 quedaban desactivadas las medidas del artículo25.L de la Ley Orgánica 2/20t2, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, dejando de estar sujeta la comunidad, por otro lado, al procedimiento de control reforzado previsto en el programa del FLA aplicable".

Sin embargo, y a causa del nuevo incumplimiento del objetivo del déficit, el Ministerio de Montoro comunica a través de esta carta al gobierno de Page que Castilla-La Mancha "queda nuevamente sujeta al procedimiento de control reforzado previsto en el programa del FLA a partir de la próxima mensualidad de noviembre". Finalmente comunican que "pasarían a encontrarse vigentes las medidas coercitivas del artículo25.L de la de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, las cuales podrían ser objeto de activación atendiendo al seguimiento del plan de ajuste y a la ejecución presupuestaria observada".

La respuesta del Gobierno regional

Por su parte, la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas ha resaltado este miércoles la validez de los datos sobre el objetivo de déficit de las comunidades autónomas que el propio Ministerio de Hacienda y Función Pública publicó en abril, ya que estos son los que se envían a las autoridades europeas.

De acuerdo con estos datos, de los que el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, informó en una rueda de prensa, Castilla-La Mancha cumplió en 2016 el objetivo de estabilidad presupuestaria, según ha explicado la Junta en un comunicado.

La Consejería ha recordado que fue la propia Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) la que en diciembre de 2016 efectuó los ajustes de contabilidad nacional que consideró oportunos sobre la información que se le había suministrado desde la Comunidad Autónoma y la que trasladó que con esa información, el déficit de la Comunidad Autónomas era del 0,72 por ciento del PIB y que, por tanto, Castilla-La Mancha cumplía con el objetivo de déficit.

Criterios modificados

Sin embargo, ha detallado que, en posteriores actualizaciones, la IGAE ha modificado determinados criterios de imputación de gastos, lo que ha supuesto un incremento del déficit de 38 millones de euros para la región, que se explica, fundamentalmente, por cambios en los ajustes de contabilidad nacional, como en lo referente a indemnizaciones contenidas en sentencias firmes o en encomiendas a empresas públicas.

En este sentido, desde la Consejería se señala que por parte del Gobierno regional no se han modificado ni las obligaciones ni los derechos reconocidos respecto al cierre del ejercicio 2016.

Estas modificaciones han afectado a todas las comunidades autónomas y, así, en cuatro regiones el déficit se ha reducido con respecto al publicado el pasado mes de abril y en las 13 restantes, entre ellas Castilla-La Mancha, experimenta un crecimiento, lo que ha supuesto un aumento de 186 millones de euros a nivel nacional.

Desde la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas se subraya que "más allá de modificaciones periódicas de decimales, el dato realmente importante es que la región en un único ejercicio presupuestario, el primero del actual Gobierno regional, fue capaz de reducir la necesidad de financiación prácticamente a la mitad, pasando de 605 millones de euros en 2015 a 313 el año pasado", según los últimos datos publicados por el Ministerio de Hacienda y Función Pública.

"Este dato positivo contrasta con los altos niveles de déficit que se registraron en la anterior legislatura, en la que la necesidad de financiación fue de al menos 500 millones de euros en los diferentes ejercicios", ha manifestado la Consejería, que ha apuntado que esta reducción de la necesidad de financiación "se ha hecho compatible con una política orientada a la recuperación social y económica de la región, que ha permitido mejorar la calidad de los servicios públicos, incentivar la creación de riqueza y empleo y cumplir con los compromisos adquiridos con los ciudadanos".