La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha adelantado a las comunidades que tendrán 102.920 millones de entregas a cuenta para 2019, un 7,23 % más que este año, pero tendrán que ajustar sus presupuestos a la senda de estabilidad del Gobierno de Mariano Rajoy, más restrictiva con el déficit.

En declaraciones a los medios tras presidir el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), junto a la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, Montero ha explicado que las comunidades podrán a empezar ya a elaborar sus presupuestos para el próximo año, pero teniendo en cuenta que "estadísticamente" la senda de estabilidad más probable es la del anterior Ejecutivo.

Así las cosas, tendrán que ajustarse al objetivo de déficit del 0,1 por ciento y no del 0,3 por ciento, como proponía el Gobierno de Pedro Sánchez en la nueva senda, que el viernes pasado fue rechazada por el Congreso.

Junto a esos datos, Montero ha trasladado a las comunidades que tienen que trabajar con la senda de déficit del 0,1 % porque, de momento, no hay ningún parámetro que les permita pensar que pueda salir adelante la corrección pactada con Bruselas, más flexible.

"No hay ningún dato sobre la posición de las formaciones políticas que nos permita pensar" que la propuesta del Gobierno pueda salir adelante, fundamentalmente por la postura en contra del PP, que controla el Senado, ha apuntado Montero.

Eso sí, ha hecho "un llamamiento a la reflexión" de los partidos para lograr una senda "beneficiosa" para los ciudadanos y se ha mostrado dispuesta a analizar la posibilidad de distribuir de forma distinta los objetivos entre las diferentes administraciones.

Montero ha dado además un avance de las principales cifras de los recursos sujetos a liquidación (IRPF, IVA, Impuestos Especiales, Fondo de Garantía, Fondo de Suficiencia y Fondos de Convergencia) que las comunidades y ciudades autónomas percibirán en 2019 por la aplicación del actual sistema de financiación autonómica.

El volumen de recursos netos que, como financiación total, recibirán las comunidades y Ceuta y Melilla ascenderá a 108.058 millones, 4.161,6 millones más que lo que están percibiendo en 2018.

Incremento de 6.938,8 millones de euros

De ese importe total, las entregas a cuenta representan la mayor parte y suman 102.920,5 millones de euros, lo que supone un incremento de 6.938,8 millones respecto a 2018, es decir, un 7,23 % más.

En aplicación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018, a partir de 1 de enero de 2019 se integrará en la estructura de los recursos sujetos a liquidación del sistema de financiación autonómica el tipo autonómico del Impuesto sobre Hidrocarburos, que, hasta el momento, operaba extrapresupuestariamente.

Por otra parte, la liquidación del ejercicio 2017, que se practicará en 2019, se cifra por encima de los 6.000 millones de euros.

Con esas previsiones, las comunidades podrán empezar a confeccionar sus presupuestos, independientemente de que estén aprobados o no los del Estado, ya que el Gobierno habilitará los instrumentos legales necesarios para que puedan hacerlo.

Las comunidades gobernadas por los socialistas han aprovechado el encuentro para arremeter duramente contra el PP y Unidos Podemos por impedir en el Congreso la aprobación de la nueva senda de estabilidad, que hubiera supuesto un alivio de dos décimas en el déficit, equivalente a unos 2.400 millones de euros.

Aprobación del plan económico-financiero de Castilla-La Mancha

En la reunión del CPFF también se han aprobado por unanimidad los planes económico-financieros presentados por Cataluña, Asturias, La Rioja, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid y Castilla y León.

Además, se ha nombrado vicepresidente del Consejo de Política Fiscal y Financiera a Juan José Sota Verdión, consejero de Economía, Hacienda y Empleo de Cantabria, en sustitución de la representante de Extremadura, al cumplirse el plazo anual fijado reglamentariamente.

Y se ha renovado por un periodo de cinco años en la presidencia de la Junta Arbitral de Resolución de conflictos en materia de Tributos del Estado cedidos a las comunidades al profesor Juan Zornoza. 

Financiación

Por otra parte, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha pedido a los responsables autonómicos mayor celeridad para que nombren a los expertos que vayan a formar parte del grupo de trabajo, que a partir de septiembre, elaborará el nuevo modelo de financiación autonómica.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), la ministra ha considerado importante que esas personas tengan capacidad para "avanzar" en la toma de posiciones y no solo que expresen su opinión en ese foro.

Ha indicado que lo primero es calcular el déficit económico que supone la prestación de los servicios públicos para las comunidades.

Preguntada por si pensaba, como habían expresado algunos consejeros, que el nuevo sistema podría estar en marcha al final de la legislatura, la ministra se ha mostrado cauta, ya que ha señalado que es difícil poner de acuerdo los distintos intereses de las comunidades autónomas.

"Soy optimista con el nuevo modelo de financiación, si podemos avanzar a un ritmo adecuado y si los trabajos técnicos preparatorios y políticos avanzan, para que se pueda poner en marcha desde el primera día de la próxima legislatura", ha señalado.

Ha insistido en que el anterior responsable de Hacienda, Cristóbal Montoro, "no había hecho nada" políticamente sobre la financiación.

La ministra ha precisado que había valoraciones e informes de los expertos, "pero nada en términos políticos" y ha reconocido que "poner de acuerdo" a las autonomías en un mes "no es posible" y eso que han empezado "por lo más sencillo: calibrar la financiación de los servicios públicos".

A su juicio, vendrán las dificultades cuando las comunidades empiecen a pensar que a unas les quitan recursos para dáselos a otros y las discrepancias con "el reparto de la bolsa".

Se ha mostrado convencida de "compartir la recaudación del Estado, que ha sido generoso" con las comunidades y de que se avanzará en la financiación "porque el Estado tiene interés y Montoro no quería hablar ni en pintura de más recursos del Estado para las autonomías".