Castilla-La Macha y Aragón proponen que solo haya seis regiones agronómicas en España y lanzan un decálogo para el campo

Las comunidades de Castilla-La Mancha y Aragón proponen que en la nueva Política Agraria Común (PAC) solo haya en España seis regiones agronómicas en vez de las 52 que hay actualmente, así como que se agilice el proceso de convergencia de las ayudas, para que en 2023 no haya ya derechos históricos.

Son dos de las cuestiones que se incluyen en un decálogo que han suscrito este viernes en Toledo los consejeros de Agricultura de Castilla-La Mancha y de Aragón, Francisco Martínez Arroyo y Joaquín Olona, respectivamente, de cara a la elaboración del Plan Estratégico Nacional de la PAC (PEPAC), que trasladarán al ministro del ramo, Luis Planas, y a otras comunidades autónomas.

El decálogo consta de diez puntos, entre los que figura rebajar drásticamente el número de regiones agronómicas en España, de forma que bajen de las 52 que hay actualmente a solo seis, siguiendo la línea del resto de Estados miembros de la UE, en los que hay una o dos regiones productivas por cada país.

Su propuesta es que en España haya seis regiones agronómicas, que serían las de herbáceos de secano, herbáceos de regadío, leñosos de secano, leñosos de regadío, pastos y pastizales, ha detallado Martínez Arroyo a preguntas de los periodistas, en una rueda de prensa posterior a la firma del decálogo.

Asimismo, las dos comunidades proponen que se agilice el proceso de convergencia de las ayudas, de forma que a partir de 2023 se supriman de forma completa y definitiva los derechos individuales y las referencias históricas, para propiciar que un agricultor cobre lo mismo por hectárea con independencia de dónde tenga la explotación, en la línea de lo que está planteando el propio Planas.

Los dos consejeros han destacado que el planteamiento general es propiciar que la reforma de la PAC y su aplicación en España favorezca la renta de los agricultores profesionales en el marco del modelo familiar agrario, que deben de ser los más beneficiados de la redistribución de fondos que debe de llevarse a cabo.