Los 133 trabajadores de vigilancia de los edificios de la Junta en Toledo, Ciudad Real y Guadalajara seguirán concentrándose todos los jueves ante la sede del Gobierno y de las Cortes Regionales, para pedir al Ejecutivo regional que "eche atrás el contrato con la empresa Sinergia", que rebaja su salario de "mileuristas" hasta los 690 euros, por debajo del salario mínimo.

Estos trabajadores se han concentrado esta mañana, primero frente a la sede de las Cortes Regionales y después ante el Palacio de Fuensalida, para protestar por el nuevo contrato firmado por el Gobierno regional con la citada empresa, que entrará en vigor a partir del próximo 1 de mayo y que, además de bajarles el salario, no les reconoce la antigüedad, les "quita" la paga de beneficios y no recoge las cláusulas sociales que la Junta ha establecido.

Así lo ha denunciado Juan Francisco Caro, miembro del Comité de Empresa de los vigilantes, durante una rueda de prensa que ha ofrecido en las Cortes de Castilla-La Mancha dentro de las "ruedas ciudadanas" de Podemos, acompañado del secretario regional de esta formación, José García Molina.

"Nos han engañado"

"Nos han dado largas y nos han engañado", ha resaltado Caro, quien ha recordado que la Junta se comprometió a obligar a la adjudicataria a aplicarles el convenio estatal, que es el rige en las otras dos provincias de la región (Albacete y Guadalajara), pero al final, "por amenazas de la empresa, se han echado para atrás y nos han dejado en la nada", ha dicho.

También ha señalado que, con ese contrato, la empresa Sinergia "va a tener unos beneficios de 1,6 millones de euros y el Gobierno regional un ahorro de 350.000 euros, a costa de que cada uno de los 133 trabajadores dejen de percibir al año 6.000 euros".

Y ha criticado que el consejero de Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ante la amenaza de una presunta denuncia por un delito de prevaricación, ha dicho que "antes era su familia que la de 133 familias".

Por su parte, el secretario regional de Podemos ha recordado que esta formación ha seguido este caso desde el principio, "cuando saltaron las alarmas por un pliego de condiciones donde la Junta, si somos benévolos, ha cometido un error", ha puntualizado.

Y ha agregado que, en realidad, lo que se esconde tras este contrato es "una precarización del salario y una vulneración absoluta de todos los derechos de los trabajadores de vigilancia y seguridad de la Junta de Comunidades".

Y se ha preguntado "cómo un ente público abre un pliego de condiciones a una empresa casi pirata, porque hace una oferta que es económicamente insostenible, ridícula y sobre todo indigna", que deja a 133 familias "en el umbral de la pobreza trabajando un montón de horas", ha aseverado.

Por último ha afirmado que, "cuando decimos que hay gente que trabaja y es pobre nos referimos a cosas como ésta, pero que esto pase con el beneplácito del Gobierno y con el beneplácito de la Junta de Comunidades nos parece escandaloso", ha sentenciado.