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Seria advertencia de Ruiz Molina a la empresa que tiene en vilo a los vigilantes de seguridad de la Junta
El Gobierno de Castilla-La Mancha rescindirá el contrato con la empresa Sinergia, que forma parte de la UTE adjudicataria, desde este 1 de mayo, de la vigilancia de la seguridad de edificios de la Junta, en el "primer momento" en que constate que no cumple el convenio colectivo estatal del sector.
Así lo ha indicado el consejero de Hacienda y Administraciones Pública, Juan Alfonso Ruiz Molina, en el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha, que ha acogido un debate general presentado por el PP sobre la política general de la Junta en materia de seguridad y vigilancia en dependencias y edificios de la administración autonómica.
La adjudicación de la seguridad y vigilancia en Toledo, Ciudad Real y Guadalajara se ha adjudicado a la UTE formada por las empresas Cyrasa y Sinergia, y ésta última tiene un convenio propio con salarios y derechos muy por debajo del convenio estatal del sector, con lo que las nóminas se rebajarían entre 300 y 350 euros.
Ante los representantes de los 133 trabajadores de esta empresa en las tres provincias, que han asistido al pleno, el consejero se ha comprometido a realizar un "seguimiento exhaustivo" del servicio "desde el primer momento" y si constata que las retribuciones y las condiciones laborales incumplen el convenio estatal rescindirá el contrato.
Ruiz Molina también ha señalado que empresas de este tipo, con un convenio inferior al estatal, pueden optar a concursos públicos debido a la reforma laboral de 2012, algo que no es un problema único de Castilla-La Mancha sino que sucede en otras administraciones y organismos, por ejemplo el Museo del Ejército, que depende del Ministerio de Defensa, ha dicho.
La plantilla total en los 139 edificios de la Junta, la central de alarmas y otros 83 servicios autonómicos que tienen vigilancia asciende a 210 trabajadores que se han subrogado a las nuevas adjudicatarias del servicio, una de ellas la UTE de Cyrasa y Sinergia que aglutina a 133 empleados.
El importe global de adjudicación se ha situado en 7,2 millones de euros (700.000 euros más que la anterior adjudicación), según los datos aportados por Ruiz Molina quien ha calificado como "justificada" la alarma entre los trabajadores ante la "sospecha" de que Sinergia aplique su convenio de empresa y no el estatal.
El consejero ha manifestado, no obstante, que la empresa "no puede aplicar" su convenio de empresa, pero también ha solicitado un "margen de confianza" para la adjudicataria, que ha empezado el servicio este mes.
"Es una verdadera vergüenza"
Por su parte, el diputado del PP Francisco Núñez ha criticado que la respuesta de la Junta a la preocupación de los trabajadores sea esperar a recibir la nómina de final de este mes para comprobar qué convenio se le aplica.
"Es una verdadera vergüenza que diga que tienen que esperar a fin de mes para saber qué viene en la nómina", ha lamentado Núñez, quien ha desglosado que cobrar según el convenio de empresa en vez del estatal equivale a percibir al año 9.000 euros en vez de 15.000, perder el complemento de antigüedad y un día de vacaciones y, en general, "trabajar más horas y cobrar menos".
Dimisión si no cumple
Asimismo, el diputado de Podemos José García Molina ha avanzado que pedirá la dimisión del consejero de Hacienda si no cumple su compromiso con los trabajadores de seguridad y vigilancia y ha criticado la "coletilla" que incluía el pliego de condiciones de que la empresa se debe ajustar al convenio estatal "u otros".
A su juicio, "puede ser un despiste, pero es un despiste muy grave", que beneficia a empresas "cuestionables" como Sinergia o como la nueva adjudicataria de la vigilancia en el Museo del Ejército, la empresa Marsegur que, precisamente, forma parte de un mismo grupo junto con Sinergia.
"Es puro estilo PP, la bolsa antes que la vida, la vida de los trabajadores", ha dicho el diputado de Podemos.
Por su parte, el diputado socialista Fausto Marín ha pedido no ponerse "la venda antes que la herida" ya que, a su juicio, la empresa de la UTE adjudicataria "no puede aplicar" su convenio de empresa.
Tras este debate general se han aprobado las tres propuestas de resolución presentadas, respectivamente, por cada grupo parlamentario.
