Todos contra las gasolineras desatendidas

Empresarios de estaciones de servicio, sindicatos y representantes de consumidores y personas con discapacidad pedirán a todos los grupos parlamentarios una modificación del Estatuto del Consumidor para endurecer las sanciones contra las unidades de suministro de carburante que incumplen la obligación legal de contar al menos con un empleado.

Así lo han dado a conocer en Toledo representantes de todos los sectores afectados por lo que se conoce comúnmente como "gasolineras desatendidas", tras una reunión celebrada en la sede de Fedeto en la que han analizado la situación y evolución del sector de estaciones de servicio en Castilla-La Mancha.

En rueda de prensa posterior, el presidente de la Federación de Empresarios de Estaciones de Servicios, Alberto Domínguez, ha remarcado que Castilla-La Mancha fue pionera en la regulación de los derechos de los consumidores en el servicio de suministro al por menor de carburantes y combustible de automoción en instalaciones de venta al público con la publicación de un decreto en 2005.

Este decreto establece que una gasolinera debe estar atendida, al menos, por un empleado, requisito que incumplen las "unidades de suministro desatendidas que cada vez proliferan más, debido a que les es más rentable pagar la denuncia que un empleado", ha aseverado Domínguez.

Competencia desleal

Y ha añadido que este tipo de gasolineras suponen además un caso "de competencia desleal" entre los propios empresarios del sector, aspecto sobre el que también ha llamado la atención el secretario regional de Industria de CCOO, Ángel León.

El dirigente sindical ha hecho especial hincapié en el impacto negativo sobre el empleo, ya que las 117 unidades desatendidas que existen actualmente en la región han supuesto la pérdida de 136 puestos de trabajo, a los que hay que sumar otros 59 más correspondientes a los empleos que se están ahorrando las nuevas unidades de suministro desatendidas que han abierto desde 2014.

León ha justificado la "alianza sellada" entre todos los sectores afectados en que "la sociedad debe poner coto a una situación que puede traducirse en situaciones dramáticas", por el material inflamable que se dispensa en estas instalaciones" y, por ello, ha considerado necesario un endurecimiento del régimen sancionador del decreto de 2005 mediante la modificación del Estatuto del Consumidor.

Cuestión de seguridad

El presidente de FACUA en Castilla-La Mancha, Francisco Ferrer, ha subrayado también que las estaciones de servicio sin empleados es "una cuestión de seguridad", por lo que la administración "debe sancionar y hacerlo adecuadamente", de modo que no se beneficie al infractor.

Preguntados por la cuantía de la sanción, todos han remarcado que deben tener un carácter disuasorio y el presidente de la Federación de Empresarios de Estaciones de Servicios de Castilla-La Mancha ha precisado que, en su día, propusieron a la administración que fuera de 6.000 euros (actualmente, la mayoría son de 300 euros), pero no obtuvieron respuesta.

Por su parte, la técnico jurídico del Cermi, Paulina de la Vega, ha subrayado que el incumplimiento del decreto 2005 supone la vulneración de la Convención de la ONU de Derechos de Personas con Discapacidad de 2006, del texto refundido de la Ley General de los Derechos de Personas con Discapacidad y la Ley Regional de Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por unanimidad en las Cortes de Castilla-La Mancha en 2014.

Según la representante del Cermi, la no existencia de ningún empleado en las gasolineras desatendidas limita la libertad de movimiento de las personas con discapacidad, que al no poder repostar, están viendo también mermada su capacidad de acceder a su puesto de trabajo y consecuentemente de integrarse en la sociedad", ha aseverado.