Está claro que es imprescindible poner toda la urgencia que se pueda al Pacto Nacional del Agua que está intentando formalizar el Gobierno de Mariano Rajoy y que cuenta, en principio, con el apoyo de todas las comunidades afectadas, entre ellas Castilla-La Mancha. A nadie le interesa dilatar más todavía una guerra del agua que se prolonga durante años y años y que inexplicablemente todavía no está resuelta a estas alturas del siglo XXI. Resolver el problema del agua en España y replantearse a fondo y de forma rigurosa el trasvase Tajo-Segura son dos cuestiones de gran envergadura en nuestro país y un acuerdo nacional debe pasar por afrontarlas a la mayor brevedad posible, siempre dentro del consenso general y con generosidad y apertura de miras.

Los constantes choques autonómicos entre Castilla-La Mancha y las comunidades del Levante no ayudan en absoluta a zanjar este conflicto. A las continuas réplicas y contrarréplicas de unos y de otros, como las expresadas este fin de semana desde la Presidencia de Murcia y los propios regantes del trasvase, deben oponerse unas dosis razonables de calma y profundidad, sin echar más leña al fuego ni añadir más enfrentamientos. Las posiciones radicales y enfrentadas poco van a servir en este caso, como ya está demostrado desde hace varias décadas. Castilla-La Mancha, Murcia, Valencia y el resto del Levante afectado por esta guerra del agua han de partir de posiciones generosidad y no comprometer los intereses generales para salvar los suyos particulares.