Por un escuela pública laica

Son obviedades que desde Izquierda Unida de Castilla-La Mancha defendemos una educación pública laica, que respete la libertad de conciencia, que eduque sin dogmas y elimine toda forma de adoctrinamiento religioso del currículo escolar. Claro que esto supone la aplicación de políticas educativas que han de pasar por la derogación de los acuerdos con el Vaticano, y con otras confesiones religiosas, para que cualquier religión quede fuera del ámbito escolar, tanto del horario lectivo como de la simbología religiosa de los centros escolares públicos, que aún sigue exponiéndose en estos espacios públicos educativos.

Pero en el día a día observamos y comprobamos que la normativa no se cumple. Es más, desde la propia Consejería de Educación se anuncia sin ningún tipo de rubor que una de las políticas educativas a llevar a cabo por parte del Gobierno es la de “calmar” a la Iglesia Católica y sus centros privados concertados, aplazando la implantación y obligatoriedad de la asignatura de Educación para la Igualdad, y que estos sigan rentabilizando sus negocios educativos con sus consiguientes beneficios.

En cambio, para la Enseñanza Pública da igual el compromiso adquirido por el PSOE con su programa electoral-contrato social para Castilla-La Mancha en las pasadas elecciones autonómicas a las Cortes regionales. Porque con el PSOE nunca se sabe. Bueno, sí.

Titular: “El consejero Felpeto reitera que la Junta no hará obligatoria la asignatura de Educación para la Igualdad para calmar a la enseñanza privada concertada”. Ante estas manifestaciones es necesario plantear algunas reflexiones, dado que el debate está contaminado desde hace décadas, pues la situación de privilegio de la Iglesia Católica se mantiene con la financiación pública de sus centros privados, a través de un Concordato caducado que se firmó en tiempos de la dictadura franquista. Y este debate siempre lleva ligada la “particular libertad de enseñanza” que defiende la patronal de la educación privada financiada con fondos públicos, es decir, crear un mercado educativo sustentado con dinero público para obtener beneficios privados.

El Tribunal Supremo se ha manifestado con relación a la impartición del horario de las religiones en Infantil y Primaria para aplicar un horario de 45 minutos semanales. Decisión obvia, máxime cuando el propio Ministerio de Educación ha aplicado ya esa misma reducción horaria en el territorio MEC.

Considerados los 9 niveles de Educación Infantil y Primaria, en Castilla-La Mancha se dedican 12 horas a la asignatura de religión en Infantil y Primaria, mientras que las CC.AA. de Aragón, Baleares, Cantabria, Extremadura, La Rioja o Madrid dedican 9 sesiones. Castilla y León, 7,30; Galicia, 7; Asturias y Canarias, 6 sesiones. Murcia 4,30 sesiones en los cursos de 1º, 3º y 5º, en el resto de cursos de Primaria no se imparte la religión católica.

Y en la Educación Secundaria, en nuestra región, el número de sesiones semanales de la religión católica alcanza un total de 6. En Asturias, en cambio, en esta etapa educativa se reducen a 5. Y si establecemos la comparación respecto al Bachillerato, nos encontramos que en nuestra comunidad se imparten 2 horas de esta asignatura en 1º de ésta etapa educativa, mientras que en Andalucía, Asturias y Aragón el número de sesiones es de 1. Además de esto, hemos de tener en cuenta que la enseñanza de la religión no aparece como asignatura de oferta obligatoria en Bachillerato, dejando abierta la posibilidad de esta oferta a las propias CC.AA.  

Todo este entramado comparativo de las políticas educativas por CC.AA. respecto a la concreción de establecer el número de sesiones semanales (horas) para la asignatura de religión católica (Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato), pone de manifiesto que dichas políticas educativas no dependen tanto de lo que disponga el Gobierno central como de la voluntad política de éste Gobierno regional a la hora de implantar la normativa sobre las asignaturas de la Religión Católica y de Educación para la Igualdad.

Señor consejero de Educación, desde el estricto ámbito educativo y pedagógico, donde como maestros desarrollamos prácticamente nuestra labor educativa a lo largo de nuestra vida profesional, no podemos ni queremos dejar de constatar la incoherencia de seguir manteniendo la enseñanza de la Religión Católica en la Escuela pública. Es más, la Constitución Española no obliga a que esta formación tenga que ser impartida en la Educación Pública, ya que es el Estado quien paga al profesorado de religión (y la Iglesia Católica quien lo selecciona y cesa), por lo que nada impide que la “clase de religión” se dé en parroquias, mezquitas, sinagogas o templos, de acuerdo con las convicciones de las familias.

Pero es que además, señor consejero, se evitarían otros problemas: dividir a las niñas y niños, según las convicciones de las familias. La Escuela Pública debe servir para unir, no para separar. Para enseñar, no para catequizar. O contradecirlos sobre concepciones sociales y reglas morales de las diferentes religiones con las enseñanzas que corresponde a la Escuela Pública de una sociedad que aspira a ser plenamente democrática.

Paradojas que suceden en los centros públicos:

No podemos decir a “una hora” que mujeres y hombres somos iguales en derechos y obligaciones, y a la siguiente que los varones son los únicos responsables del sacerdocio y no las mujeres.  

No podemos explicar a “una hora” que la investigación científica demuestra cómo se formó la Tierra y nosotras como especie, y a la hora siguiente decir que no fue así.

No podemos concienciar a “una hora” en la necesidad del Estado del Bienestar, democracia, justicia social, protección a la naturaleza, y en la siguiente decir que “ésta vida es un valle de lágrimas pasajero, y que la verdadera vida comienza después de la muerte”.

No podemos dar clase obligatoria de “alternativa” a unas niñas y niños por el simple hecho de que algunas familias quieran que sus hijas reciban clase de religión católica.

Nos vemos obligados a pagar con los impuestos de todas y todos las enseñanzas de la religión católica, así como el sueldo de curas y catequistas de sólo una parte de la sociedad. Pero aún más inaceptable es que este Gobierno regional (y el de este país) sigan permitiendo la distorsión de la Educación Pública.

¡Por una escuela pública laica ya!

Natalio González Pino, maestro jubilado en Toledo, y José Ángel Piquero Fernández, maestro en activo en Asturias