La mercantilización de los servicios públicos

El Estado de Bienestar es un mecanismo o una forma de entender y conceptualizar el Estado y la organización social que desde las organizaciones de la izquierda asimilamos y defendemos para disminuir la desigualdad social estructural, que lamentablemente está cronificada en nuestra sociedad.

Mediante sus cuatro pilares: la educación, la sanidad, las pensiones y la dependencia, se crea una red de soportes que tiene como objetivo principal construir una sociedad más justa e igualitaria.

En los últimos años estamos siendo testigos de cómo esos ejes se están resquebrajando, dejando paso a un modelo que sigue las directrices del mercado capitalista con una única finalidad, conseguir un mayor beneficio económico para unos pocos, sin tener en cuenta las repercusiones que este modelo mercantilista produce en la ciudadanía que es usuaria por derecho de dichos pilares del Estado de Bienestar.

En otras palabras, se está produciendo un desmantelamiento gradual del sector público, poco a poco, de manera silenciosa, mediante un disciplinamiento emocional que se fortalece por la clara individualización que vivimos en la sociedad actual, el cual viene impuesto mediante la promoción y fomento de dicho concepto individualista, con la utilización de todos los poderes de los que dispone el propio sistema capitalista.

A esta tendencia privatizadora, o mejor dicho, de privatizar la gestión de servicios con y a costa de recursos públicos, se han adherido en nuestra región todos los gobiernos que han dirigido nuestra tierra, desde José Bono a Emiliano García-Page, sin excepción.

Ha sido un proceso prolongado en el tiempo, pero sin pausa, y con un firme objetivo en el horizonte que es en el que hoy nos encontramos. Todo ello para no provocar una reacción de desconfianza y alerta de la ciudadanía ante un brusco o áspero cambio en la forma de gestionar los principales derechos que sustentan dicho Estado del Bienestar. Un cambio, que de haberse producido drásticamente podría haber sido origen de un reparo social que hubiera frenado o ralentizado el cambio.

Ahora bien, los servicios públicos no deben regirse por la economía coste-beneficio, sino como una inversión social que se efectúa para que su ciudadanía tenga una serie de derechos y redes de apoyo para cuando así lo necesitemos a lo largo de nuestra vida. En este sentido, es una realidad que todos y todas precisaremos del sistema educativo, de prestaciones económicas cuando no estemos en el mercado laboral, de cuidados de larga duración y de un sistema que atienda nuestra salud física, mental, emocional, etc.

No permitamos pues, que nos arrebaten nuestro Estado de Bienestar para que unos pocos se alimenten de la vulnerabilidad humana. Defendamos una sociedad más justa, cooperativa e igualitaria donde el sector público tenga como único objetivo  la sostenibilidad de la vida.

Y para esto, es necesario que los derechos que se ofrecen a la sociedad en forma de servicios públicos no cuenten únicamente con un compromiso económico, como si de una obligación indeseada se tratara por su carácter deficitario en materia monetaria, sino entender que existe otro tipo de carácter distinto, que es el de superávit del bienestar que reporta inmensos beneficios a la consecución real de la igualdad social.

Por lo tanto, todas aquellas intervenciones mercantilistas que se abrazan a la educación, la sanidad, las pensiones y la dependencia, con el beneplácito y `puesta en bandeja´ de todos los gobiernos que ha tenido y tiene Castilla-La Mancha, no son más que condicionantes, en muchos casos de gran calado y peso, para el adelgazamiento del Estado de Bienestar y para el fomento de la desigualdad social. 

Mario García. Diputado Provincial de Unidas Izquierda Unida Podemos en la Diputación de Toledo