Conocen de sobra los sindicatos el domicilio de la sede de Liberbank. Un trayecto que desde hace meses recorren a su pesar con inusitada frecuencia convocados por el banco liderado por la Fundación Cajastur, y donde también se encuentra integrado el Banco CCM. Ayer lunes tuvo lugar la última cita, e igualmente como las anteriores, para anunciar otro Expediente de Regulación de Empleo. Una convocatoria que se produce días antes de la conclusión del ERE actualmente en vigor, iniciado en enero de 2014.

Un expediente que ha supuesto un buen recorte salarial para los trabajadores: entre el 10 y el 30 por ciento, además de salidas “no traumáticas” de la empresa. Una precariedad que según cálculos de los sindicatos ha supuesto desde junio de 2013 un perjuicio en los salarios de la plantilla de unos 420 millones de euros. La dirección de Liberbank pretende ahora negociar un nuevo procedimiento de despido colectivo que afectará “potencialmente a la totalidad de los centros de trabajo del banco”. Un proceso que supondrá también una reducción de la jornada laboral y de movilidad geográfica.

Al cierre del primer trimestre de este año, Liberbank contaba con 4.011 empleados, 1.235 menos que en el mismo periodo del año anterior. Simultáneamente, el número de oficinas descendió hasta las 868, un 16 por ciento inferior a las abiertas en marzo de 2016. Un déficit que, según anuncian los sindicatos, se produce cuando la entidad ha declarado beneficios en los últimos ejercicios, el consejero delegado del banco, Manuel Menéndez, se subió el sueldo el pasado año un 19 por ciento, hasta los 487.000 euros, y los miembros de consejo de administración percibieron más de 100.000 euros en concepto de dietas por pertenencia a dicho organismo.

Otra regulación que vinculará de lleno a los empleados del Banco CCM en Castilla-La Mancha, actualmente en negociaciones de venta del 25 por ciento propiedad de Fundación Bancaria CCM que deberá antes saldar cuentas  con el Fondo de Garantía de Depósitos para poder integrarse plenamente en Liberbank, propietaria del 75 por ciento restante.  Una plantilla ya de por sí hostigada con tantos ajustes, traslados y despidos, propiciados en su origen por la calamitosa gestión de un consejo de administración de infausto recuerdo para esta tierra. También, para una clientela que ve con pavor como cada vez más cierran sus oficinas de “toda la vida”, haciendo así más difícil la ejecución de sus operaciones bancarias. Un lamentable procedimiento, al parecer, en aras de la rentabilidad y eficiencia deseada que, como se ve, tan sólo afecta a trabajadores y clientes.