Corrupción empresarial

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Toledo ha dictado el sobreseimiento de la causa  que investigaba una supuesta mordida de 200.000 euros por parte de Sufi, una filial de Sacyr, a cambio de la adjudicación del concurso de basuras de la capital regional. Una añagaza supuestamente entregada por el extesorero del PP, Luis Bárcenas, para financiar la campaña electoral de María Dolores de Cospedal en 2007. No obstante a que el juez de Toledo, Florencio Rodríguez, no ha constatado ilegalidad alguna e inexistencia de delito en dicho contrato, el “fiscal político” del PSOE, también portavoz del Gobierno regional, e inspector Gadget en ratos libres, Nacho Hernando, insiste en investigar dónde están esos 200.000 euros y también los “flecos” aún sin explicar.

Generalmente,  en los casos de corrupción en este país apenas se presta atención a las empresas que protagonizan todas estas denuncias, figurantes principales e imprescindibles en la trama. Unas acusaciones más visualizadas entre las distintas formaciones políticas como arma arrojadiza entre sus integrantes que en las empresas corruptoras. La filial de Sacyr es bien conocida en los juzgados de España por estas prácticas, y la empresa anda por medio de numerosas denuncias por supuestos sobornos y comisiones a quien sea necesario con tal de adjudicarse un contrato.

En solitario o junto a uniones temporales de empresas, Sufi ha sido motivo de denuncias por parte de la Fiscalía de Cádiz por “inflar partes de limpieza” a cambio de “enchufar” en la empresa a familiares del alcalde de la capital gaditana. También en los juzgados de Madrid, Boadilla del Monte, Majadahonda, Alcalá de Henares, Vitoria, Salamanca, Guardamar del Segura, u Orihuela tiene cuentas pendientes por supuestas irregularidades en la concesión de contratos públicos de limpieza o concesiones de plantas de residuos.

La existencia de empresas como Sufi propicia un grave perjuicio al sector, el resto de sociedades que funcionan legalmente y acuden libremente a los concursos sin prestarse a pagar ningún tipo de comisión o soborno. Una competencia desleal e ilegitima que daña sobremanera a las empresas que no corrompen y que ven, concurso tras concurso, como las adjudicaciones se las llevan los mismos. También a las arcas públicas, pues la corruptela no sale gratis y siempre acaba cargándose con creces en la factura final a la Administración.