A los ERE y cierre de oficinas en Castilla-La Mancha de Liberbank e Ibercaja -especialmente este último en la provincia de Guadalajara donde el grupo zaragozano tiene su mayor presencia en la región-, entre otros no menos dolorosos, se une ahora el Popular. La entidad comprada por un euro por Santander cuenta con una plantilla en la región de 218 trabajadores y una red de 48 sucursales, la mayoría solapadas con las del grupo presidido por Ana Botín. Una cuota de mercado que entre los dos bancos supera el 13 por ciento en Castilla-La Mancha.

Con esta adquisición se abre ahora en España un importante proceso de reestructuración, otro más, consecuencia de los solapamientos entre las sucursales de ambos bancos. En concreto, sus respectivas redes presentan numerosas duplicidades geográficas, especialmente dentro de territorios concretos. En el caso de Castilla-La Mancha, además de otras regiones, Santander cubre prácticamente todas las áreas donde Popular tiene presencia en esta tierra, y se prevé un drástico recorte de estructuras.

Tras la formalización de esta compra entre ambos grupos, el ajuste laboral que realizará el Santander se calcula en 3.000 empleados, un 30 por ciento de los aproximadamente 10.000 operarios que Popular tiene actualmente en España, una de las plantillas con mayor edad en la banca. Un proceso que afectará principalmente a las sucursales que puedan solaparse en el nuevo grupo bancario resultante de esta adquisición, además de los servicios centrales, donde la mayor parte de los puestos están duplicados. Un procedimiento que servirá para rentabilizar la integración del banco adquirido, un ahorro que se obtendría principalmente de la reducción del 33 por ciento de los costes del Popular.

Ante esta operación, la consejera de Economía y Empleo de Castilla-La Mancha, Patricia Franco, siempre resuelta, ha mostrado la disposición de la Junta a trabajar para que los empleados de las oficinas en la región sigan conservando sus puestos de trabajo y los clientes su banco. Un arreglo que la Administración regional ya manifestó en anteriores procesos de fusión, absorción y adquisición  de entidades bancarias con presencia en la Comunidad, incluso a “mayor escala”, con los resultados de sobra conocidos. Un rosario de despidos, traslados, cierres de oficinas, y conflictos interminables en el sector bancario han asolado a esta tierra en los últimos años. Una colisión donde los trabajadores tan solo han contado con los sindicatos como exclusivos y firmes aliados para la defensa de sus intereses, como lo ha acaba de hacer en Castilla-La Mancha el secretario general de CCOO, Paco de la Rosa. Mientras, el Gobierno regional se muestra impasible e incapaz de frenar tamaña sangría, aunque luego sea extremadamente cuidadoso con las entidades afectadas para no romper sus relaciones institucionales y comerciales.