Acaba de celebrarse en Toledo el XX Congreso Nacional de la Empresa Familiar. Su Asamblea Anual convocó esta semana en la capital regional a los máximos representantes de este tipo de sociedades en España. Un evento que no pudo contar para la ocasión con la presencia en Toledo de los jefes de Estado y Gobierno al estar ocupados y preocupados con los acontecimientos del 1-O.

Los 1,2 millones de empresas familiares existentes en España representan el 57 por ciento del PIB nacional,  y dan trabajo a 6,58 millones de personas el 67 por ciento del empleo privado. De estas sociedades depende una buena parte del PIB y del empleo generado en cada uno de los territorios donde están ubicadas. En concreto, en Castilla-La Mancha, según datos del Instituto de la Empresa Familiar, el número de este tipo de sociedades asciende a 43.477, el 94,3 por ciento del conjunto de empresas que operan en la región, el mayor porcentaje entre todas las comunidades autónomas. Un censo que genera más de 200.000 puestos de trabajo, aproximadamente el 85 por ciento del total del empleo no institucional de esta tierra. En definitiva, el principal sustrato del tejido empresarial y el núcleo duro de la economía de Castilla-La Mancha.

Un colectivo que afronta el futuro con un moderado optimismo consecuencia de las buenas previsiones macroeconómicas, y cuya gran mayoría prevé que 2017 será un año record de ventas, según el barómetro de esta Institución elaborado por KPMG. Una bonanza basada en unas cuentas de resultados que muestran una mejora evidente en sus balances y que están propiciando igualmente un aumento sustancial en la contratación de personal. Un comportamiento en la que destacan las empresas familiares de Castilla-La Mancha sobre el resto de territorios.

En el acto de inauguración de este Congreso Nacional de la Empresa Familiar, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, se comprometió ante los aproximadamente 500 empresarios asistentes a impulsar a través del programa “Talento Joven” el retorno a la región de tantas chicas y chicos que se “han tenido que ir a otros países a buscarse la vida”. Un proyecto para facilitar el regreso a los jóvenes emigrados a través de “ayudas y estímulos a la creación empresarial y al fomento del empleo”.

Un instrumento y propuesta bien distintos al que denunciaba en el mismo foro un empresario de éxito de esta tierra: Manuel López Donaire. El consejero delegado de Delaviuda, en Sonseca, criticaba el excesivo incentivo institucional a “ser funcionario”, un puesto al que aspiran las “personas mi pueblo”. No solo en esta localidad toledana, un estudio de  Educa 20.20, Gad3 y la Fundación AXA indica que el 40 por ciento de los estudiantes de Bachillerato de Castilla-La Mancha quiere ser funcionario, y tan sólo el 4 por ciento de nuestros chicos se plantea ser autónomo.

Una política que, en efecto, las distintas administraciones a través del tiempo han fomentado con largueza como la mejor y más eficaz forma de entender sus objetivos de gobierno. Una conducta que ha colocado a Castilla-La Mancha con uno de los mayores porcentajes de trabajadores públicos sobre el total, un 15,33 por ciento, por encima de la media nacional, aunque todavía por debajo de Extremadura donde casi uno de cada cuatro trabajadores está al servicio de alguna Administración pública.