El ministro Montoro anunciaba recientemente que haya o no presupuestos del Estado para 2018, la intención del Gobierno es aumentar un 1,5 por ciento el salario de los empleados públicos. Una subida salarial igualmente anunciada en Castilla-La Mancha para los funcionarios de la Administración regional, y donde el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, Juan Antonio Ruiz Molina, al parecer sin consultar, comunicaba por su cuenta que el Gobierno regional ofertará además entre los años 20178 y 2019 un total de 10.158 plazas de empleo público en educación, sanidad y administración general. De esta forma, el Gobierno de Emiliano García-Page pretende que la tasa de interinidad en la administración regional pase del 21 al 8 por ciento, en línea con los planes del Gobierno central que igualmente quiere reducir hasta ese porcentaje algunos sectores clave como la educación, sanidad, justicia, servicios sociales o policía local.

Sin duda, buenas noticias para los empleados públicos en España, un colectivo que ya representa algo más del 15 por ciento, uno de cada seis, del censo laboral del país. En concreto, al cierre del pasado año eran 2,84 millones, según el informe Evolución del Empleo de las Administraciones Públicas en la última década, publicado por el Banco de España. Una cifra todavía inferior al pico máximo de 3,1 millones de funcionarios que las distintas administraciones alcanzaron en 2011. Un ajuste imprescindible consecuencia del obligado proceso que tuvieron que hacer las administraciones para equilibrar sus cuentas tras el estallido de la crisis en este país. No todas, pues durante la época de vicisitud mientras que Ayuntamientos y Administración Central la reducían en un 7 por ciento, las autonomías aumentaron su plantilla en un nueve con ciento.

No obstante a esta disminución general de la plantilla de funcionarios en España, la brecha entre los salarios públicos/privados sigue aumentando cada vez más. En concreto, según el Instituto Nacional de Estadística, el salario bruto mensual del sector público fue en 2016 de 2.623,50 euros, un 54,8 por ciento más que los 1.694,2 euros mensuales que percibió el sector privado. Unas diferencias abismales que el INE justifica en la mayor estabilidad laboral de la Administración pública, trabajadores más antiguos, menor temporalidad, y una mejor formación. Una explicación lógica pero no siempre justificable.

Una diferencia salarial superior del 55 por ciento respecto a la retribución del sector privado resulta excesiva a pesar de evidenciar tales circunstancias. Así se justifica que en este país exista tamaña avidez por convertirse en funcionario, donde los niveles de productividad suelen ser menores en comparación con los privados y también con condiciones de compromiso contractual más relajados. Igualmente, por el carácter perpetuo e indefinido de los trabajadores del sector público, además de por una mayor capacidad de negociación sindical a través del legitimo derecho de la huelga.

No obstante, sería conveniente en España alcanzar un mayor acercamiento entre los niveles salariales de ambos colectivos. Tamaña brecha, cada vez mayor, en las condiciones laborales y económicas entre empleados públicos y privados no hace más que acrecentar unas desigualdades que no merecen en este caso los más perjudicados, los trabajadores privados, ni tampoco la economía de este país en su conjunto.