Las televisiones autonómicas se rebelan

No corren buenos tiempos para la lírica informativa de las televisiones públicas autonómicas. Los continuos golpes bajos que reciben estos entes controlados por el Gobierno regional de turno están siendo protagonistas principales de la actualidad en este país. Así lo recordaba esta semana EL DIGITAL poniendo de ejemplo las protestas de los trabajadores de la radio televisión de Castilla-La Mancha y de otras cadenas públicas autonómicas, incluida RTVE. A los operarios de CMM se han unido los de otros entes que llevan comprobando, mucho más ahora ante la proximidad de unos comicios regionales, el servilismo y deterioro informativo a favor del Gobierno regional que mece la cuna presupuestaria del tinglado propagandístico que se han convertido las televisiones autonómicas públicas.

En la Radio Televisión Andaluza (Canal Sur) se suceden las protestas de los trabajadores por los graves signos de deterioro que sufre la cadena pública y por la manipulación manifiesta de su programación por parte del gobierno socialista. Una deformación “de juzgado de guardia” como la califica la lideresa de Podemos y candidata a la Junta de Andalucía, Teresa Rodríguez. También, los trabajadores de la Compañía de la Radio y Televisión de Galicia (CRTVG) aseguran no recordar una crisis igual en los 33 años de vida del canal. Decenas de trabajadores del Ente gallego secundan desde hace semanas los “viernes negro”, una movilización propiciada por las “injerencias” del PP en los informativos. Un mal endémico que ante la proximidad de elecciones ha dejado de ser en absoluto sutil. Del mismo modo, y tras una profunda crisis de gestión que estuvo a punto de dejar sin emisión el canal, lo trabajadores de la radio televisión canaria (RTVC) se han unido a la algarada callejera, esta vez los miércoles y también de negro, para pedir la igualdad laboral y salarial de sus profesionales.

Otro dato para la desesperación acerca del funcionamiento y costo de las autonómicas publicas en este país lo refleja la primera auditoria sobre la S.A. de Medios de Comunicación de la Comunidad Valenciana, constituida en 2017 para poner en marcha la nueva radiotelevisión pública regional (Á Punt) tras la liquidación de Canal 9: gastó en personal 56 veces más de lo que consiguió ingresar por su actividad. Una circunstancia que no debe extrañar, pues las trece televisiones autonómicas que existen en España cuentan con un presupuesto total para este año de 1.082,34 millones de euros, de los que 942,7 millones son aportados mediante subvenciones públicas por los distintos gobiernos autonómicos. Cerca de 39 millones en el caso de la CMM, 1,7 millones más que en el presupuesto de 2017. El resto procede de la publicidad un concepto que, según la FORTA, continuará disminuyendo entre las autonómicas.

Las televisiones públicas, noqueadas, reducidas, y desorientadas siguen siendo armas poderosas, aunque cada vez menos, sobre las que  continúan planeando tiempos obscuros de influencia y sostenibilidad. Unas estructuras, a mayor gloria del Gobierno de turno, sostenidas con millones sin fin procedentes de los presupuestos autonómicos, y protagonista permanente de capítulos de manipulación, partidismo y protestas por parte de sus trabajadores.