Cuando cada año se publican las listas de morosos de Hacienda -una relación que al cierre de 2021 incluye un total de 7.037 deudores en España de más de 600.000 euros, un 3,3% menos respecto a la anterior-, en Castilla-La Mancha ya resultan familiares las personas y sociedades que las integran en esta tierra. Nombres como Organización Impulsora de Discapacitados (OID), de Talavera de la Reina; Grupo Lábaro, de Guadalajara; CR Aeropuertos, de Ciudad Real; Mancomunidad de Aguas de Villacañas; Constructora Inmobiliaria de Valdepeñas… son de sobra conocidos por repetirse cada año.

En el caso de personas físicas, el cuestionable honor de encabezar la relación en Castilla-La Mancha resulta ya una tradición reservada a los ciudadrealeños hermanos Barco Fernández, Ignacio y Antonio, cuyas deudas con Hacienda ya ascienden a 6,0 y 4,3 millones de euros, respectivamente, además de otros importes superiores correspondientes a las diferentes sociedades en las que participan.

Pero a los hermanos Barco les ha salido una competencia que ha situado a los dos empresarios ciudadrealeños como cándidos novicios del sistema. Se trata de otros dos hermanos, al parecer el núcleo familiar predominante a la hora de dejar pellas a Hacienda, no exclusivamente, y también originarios de Ciudad Real. Los hermanos Olivares Garrigos, Ramón y Agustín, oriundos de Campo de Criptana, aparecen por vez primera en la lista por deber a las arcas de Hacienda la no despreciable cantidad de 36,8 millones de euros cada uno, convirtiéndoles en las personas físicas en España con mayor deuda al Fisco. Además, como los hermanos Barco, de otros importes a la Hacienda Pública por su participación accionarial en diferentes sociedades.

Nacidos en la década de los 60, la actividad empresarial de los hermanos Olivares Garrigos se canaliza a través de la construcción, rehabilitación, y el mercado inmobiliario de Castilla-La Mancha y de otros territorios del Estado mediante el grupo Oligarry Construcción, principalmente, así como de otras empresas relacionadas igualmente con la actividad cinegética y de fincas rústicas. Una sociedad que se desarrolló no sin grandes dificultades financieras y empresariales -incrementadas a partir de la explosión de la burbuja inmobiliaria en 2008- hasta que en 2018, procedimiento judicial mediante, terminó disolviéndose y en los tribunales de Justicia.

La misma suerte corrió la incursión empresarial que los Olivares iniciaron en Panamá a través de diversas obras públicas, hasta que el pasado año su Registro Mercantil les incapacitase definitivamente para seguir desarrollando actividades empresariales en aquel país.