Un total de 470 pueblos de Castilla-La Mancha no tienen sucursal bancaria alguna para que sus vecinos puedan efectuar las transacciones más elementales. Más del 50 por ciento de localidades y 84.186 personas afectadas, el 4,12 por ciento de su población, según datos del Banco de España. Por delante de Castilla-La Mancha en número de habitantes sin oficina se encuentra Castilla y León, donde 412.000 habitantes no cuentan con sucursal bancaria en el 83,41 por ciento de sus municipios, seguida por Cataluña, 332.000 habitantes (52,06 por ciento de municipios); Comunidad Valenciana, 163.000 habitantes (48,52%); y Andalucía con 134.000 habitantes (22,17%).
En 2008, el sector financiero español contaba con 45.662 oficinas, el dato más alto de la serie histórica. Fue a partir de ese momento cuando la cifra de sucursales ha caido en picado, hasta las 22.275 que todavía permanecían abiertas al término del pasado año, un 51,2 por ciento menos en apenas doce años. Un proceso que aún continúa pues entre el 1 de enero y el 30 de junio de este año, echaron el cierre otras cerca de 500 sucursales, igualmente según datos del Banco de España. En las cinco provincias de la región, las cajas rurales (Eurocaja Rural y Globalcaja) concentran el mayor número de oficinas abiertas en cada una de ellas, salvo en la de Guadalajara, donde esta prevalencia la tiene Ibercaja.
Este radical proceso de cierre de oficinas, la mayoría producto de las fusiones llevadas a cabo en los últimos años, unido a la digitalización y el ahorro de costes experimentado por el sector, ha dado como resultado, al igual que en Castilla-La Mancha, que más de la mitad de los municipios españoles no tengan ni una sola oficina, y más de 1.600.000 habitantes en toda España afectados por esta carencia.
Frente al proceso de cierre de oficinas que lleva a cabo el sector bancario casi en su totalidad, Eurocaja Rural aplica una política radicalmente distinta. No solo no ha cerrado ninguna de sus suscursales sino que está metida de pleno en un proceso de expansión que le permite estar presente, cada vez con más recursos, en varias comunidades autónomas como Madrid, Valencia y Castilla y León, además de Castilla-La Mancha.