Hacienda negocia con las comunidades las 35 horas semanales en el sector público

La secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, ha afirmado este martes que desde el Ministerio de Hacienda se negocia con los sindicatos la petición de la implantación de las 35 horas semanales en la Administración, si bien ha advertido de que el coste de fijarlo como normativa básica se situaría entre los 800 y los 1.200 millones de euros.

Así lo ha señalado Collado durante su comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Congreso para explicar las cuentas de 2017 de su departamento, en la que ha indicado que habría un "problema de sostenibilidad" en la posibilidad de implantar la jornada de 35 horas en la Administración, si bien "de todo se puede hablar".

En declaraciones a los periodistas al término de su comparecencia, Collado ha explicado que ya se está hablando con las organizaciones sindicales más representativas (CC.OO., UGT y CSIF) sobre la posible implantación de las 35 horas, así como del resto de reivindicaciones, de forma que durante la legislatura se puedan alcanzar acuerdos como el suscrito en materia de empleo público.

No obstante, ha indicado que "no se trata de una recuperación de un derecho", ya que cuando en 2012 el Gobierno fijó la jornada en 37,5 horas de manera general, solo dos comunidades autónomas tenían la jornada de 35 horas (Asturias y Andalucía).

Otras cinco regiones cuentan con una jornada laboral semanal de entre 36 y 37 horas, a la vez que los 500.000 funcionarios del Estado tampoco cuentan con esa jornada. "Es una demanda, pero no es una recuperación de derechos", ha insistido Collado, quien ha añadido que en el resto de Europa solo hay dos países con esa jornada, y uno de ellos "se lo está pensando", mientras que el resto tienen jornadas de más de 40 horas.

Precisamente Andalucía comenzó a aplicar en enero de este año la jornada de 35 horas para sus empleados públicos, por lo que se ha abierto un "mecanismo de entendimiento" que si no culmina con éxito, llevará al Estado a presentar un recurso de constitucionalidad.

Servicios saturados

Asimismo, ha avanzado que Hacienda trabaja en un plan de concursos permanentes de méritos dentro de la Administración General del Estado (AGE), basado en el sistema que aplica ya Castila y León, que prevé culminar este año con el fin de agilizar la movilidad de los funcionarios y evitar los plazos anuales de cada concurso.

De igual forma, ha anunciado que se ha constituido un grupo de trabajo en el que se analizan los principales problemas a corto plazo, principalmente en cuatro servicios de atención al público (SEPE, DNI, Fogasa y Seguridad Social), para implementar medidas a lo largo de la legislatura que remedien las quejas de los ciudadanos, como la saturación de estos servicios y la falta de personal.

En este sentido, ha recordado que en estos cuatro sectores hay una tasa de reposición del 100%, por lo que, junto a lo que se pueda hacer en materia de distribución de efectivos, en un plazo de dos años se podrían conseguir una nueva organización.

En lo que respecta al SEPE, dado que cuenta con una interinidad temporal inferior al 8%, no estaría incluido en el plan de estabilización de interinos. "No hemos pensado en tasas de reposición adicional en estos sectores, sino en la posibilidad de acumular las tasas", ha añadido. Ha matizado que los interinos con una antigüedad mayor a 2005 también pueden consolidar sus puestos de trabajo.

67.000 nuevas plazas

Collado ha pedido el respaldo a los Presupuestos para que vea la luz la convocatoria de empleo público contemplada en las cuentas de este año, que supondrá, al menos, 67.000 nuevas plazas en todas las administraciones públicas (19.000 en el Estado, 28.144 en las CC.AA. y unas 20.000 en la administración local).

En este sentido, ha destacado que el acuerdo con los sindicatos, el primero que se alcanza desde 2009, permitirá abordar un proceso extraordinario de estabilización del empleo temporal que alcanzará a 250.000 plazas interinas, sobre todo en el ámbito de las comunidades autónomas.

Con esta convocatoria, ha destacado que se reponen al 100% las bajas en los sectores prioritarios de sanidad, educación y justicia, entre otros, a los que se sumarán este año como áreas nuevas la atención al ciudadano en servicios públicos, la prestación directa del servicio de transporte público y la seguridad y emergencias.

Collado también ha subrayado el compromiso alcanzado para emprender un proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal que tiene como objetivo reducir el volumen de personal interino existente en todas las administraciones públicas, y que se sitúa entre el 20% y el 30% en estos momentos, según sectores.

Sólo en las CC.AA., los interinos alcanzan cerca de 300.000, de los que más de 144.000 son personal sanitario (con una tasa de temporalidad del 30%), y 109.000 son docentes, con una tasa del 20%.

El acuerdo para la mejora del empleo público recogido en el proyecto de Ley supone reducir hasta un máximo de un 90% los interinos existentes en la actualidad en un plazo de tres años (2017-2019), y que la tasa de temporalidad resultante no supere el 8% del total de efectivos de cada ámbito.

Esta medida afectará a los sectores de docencia, sanidad y justicia, así como servicios sociales, policía local, gestión tributaria y recaudación, e inspección y sanción de servicios y actividades.