Entra en vigor el contrato más polémico de la Junta de Page y convocan otra protesta para el jueves

Este 1 de mayo ha entrado en vigor el contrato que el Gobierno regional adjudicó a la nueva empresa que se va a ocupar de las labores de seguridad y vigilancia en los edificios de la Junta de Comunidades en las provincias de Toledo, Ciudad Real y Guadalajara. Los 113 empleados que se encargan de este servicio volverán a exigir al Gobierno regional este jueves en Toledo que eche para atrás la adjudicación a esta empresa, ante el temor de que no les va a aplicar el convenio estatal y les va a "quitar todos sus derechos".

Así lo ha confirmado a Europa Press el secretario del Comité de Empresa, delegado de USO, Jaime Santiago López, quien ha explicado que volverán a concentrarse este jueves, primero ante las puertas del Parlamento regional -a las 9.30 horas- y después ante las puertas del Palacio de Fuensalida -a las 10.30 horas- para reclamar al Ejecutivo de Castilla-La Mancha que dé marcha atrás.

Tras asegurar que el Ejecutivo regional "miente" al asegurar que instarán a la resolución del contrato si los vigilantes de seguridad ven "mermadas sus condiciones", pues se ha mostrado convencido de que "no va a hacer nada", ha explicado que el pasado jueves entregaron en las Cortes un total de 3.200 firmas pidiendo la ruptura de este contrato.

Menos salario

Según ha denunciado este colectivo, en base a esta nueva adjudicación, que tiene una duración mínima de dos años y ha entrado en vigor este lunes, los trabajadores van a dejar de ser mileuristas para cobrar 690 euros, "por debajo del Salario Mínimo Interprofesional", a la vez que van a perder otros derechos laborales.

"La empresa va a tener unos beneficios de 1,6 millones de euros y el Gobierno regional un ahorro de 350.000 euros, a costa de que cada uno de los 133 trabajadores dejen de percibir al año 6.000 euros", han denunciado.

La situación de estos trabajadores de la seguridad y la vigilancia de los edificios de la Junta se ha colado en las reivindicaciones de este 1 de mayo, pues se han referido a ellos tanto el secretario regional de CCOO, Paco de la Rosa, como el de UGT, Carlos Pedrosa.

A juicio del líder de CCOO, "es poco razonable que un Gobierno que se dice de izquierdas permita que una empresa sea capaz de explotar a sus trabajadores o permita que por un convenio absolutamente anormal pierdan capacidad salarial. No podemos permitir que en la Junta de Comunidades se trabaje en régimen de semiesclavitud", ha lamentado.

Acuerdo de estabilidad

Es por ello, que De la Rosa ha vuelto a instar al Ejecutivo de Emiliano García-Page a firmar "en los próximos días" el III Acuerdo para la Estabilidad en el Empleo Público "para que ni un solo trabajador que trabaja para una contrata de la Junta gane menos de lo que tiene que ganar según su convenio".

Por su parte, Carlos Pedrosa ha lamentado que los salarios de los trabajadores de las contratas de la Junta de Comunidades sufran "los apuros presupuestarios de las administraciones" y ha pedido derogar la Reforma Laboral del 2012 "que lo permite" y la Ley de Contratos del Estado.

"El Gobierno de Castilla-La Mancha podría haber hecho, y se lo llevamos reclamando desde hace meses, algo más para evitar los problemas de estos trabajadores si hubiera firmado el Acuerdo por la Estabilidad en el Empleo", ha concluido.