El Gobierno y las comunidades han acordado hoy por unanimidad un nuevo reparto de los fondos del 0,7 % del IRPF destinado a fines de interés social, que ascienden a 240 millones, para que las autonomías gestionen el 80 % -192 millones en total y en concreto 9,7 en Castilla-La Mancha- y el Estado el 20 % restante.

La ministra de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, ha mostrado su satisfacción al término del Consejo Territorial de Servicios Sociales porque este nuevo modelo garantiza que los fondos recaudados con la casilla solidaria de la declaración de la renta van a llegar "a quienes más lo necesitan".

"Nadie debe desconfiar de la gestión de las administraciones públicas: son fondos condicionados y finalistas", ha resaltado para añadir que las comunidades se van a someter "a una justificación de los fondos" para dotar de mayor transparencia y objetividad al sistema.

El nuevo modelo se aplicará a partir de este año, y un grupo de trabajo se encargará de valorar su funcionamiento para "mantenerlo o mejorarlo" a partir de 2018.

Casi 10 millones para Castilla-La Mancha

Sobre este asunto, la consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Aurelia Sánchez, ha destacado que al Ejecutivo castellano-manchego le corresponderá gestionar casi 9,7 millones de euros "que se convocarán directamente por el Gobierno regional, para que se haga lo más ágil posible y satisfaga las necesidades de las entidades del Tercer Sector y de los ciudadanos".

Aurelia Sánchez ha destacado que las comunidades "han repetido a la ministra que el problema ha sido el retraso, porque el auto del Tribunal Constitucional es de enero de 2017, el Ministerio se ha reunido con el Tercer Sector y hubiera sido deseable que lo hubiera hecho con las comunidades autónomas".

La consejera ha anunciado que entre julio y agosto saldrá la convocatoria, ya que el crédito tiene que estar repartido antes de fin de año para que los ciudadanos sigan beneficiándose de una convocatoria que lleva años funcionando.