Unanimidad en las Cortes por los niños con cáncer de Castilla-La Mancha

Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado por unanimidad la Proposición No de Ley promovida por los socialistas que han solicitado el reconocimiento del 33% de discapacidad de los niños y niñas enfermos de cáncer.

El PSOE señala que el Gobierno regional tiene que instar al Gobierno central a modificar el Real Decreto 1971/1999 de 23 de diciembre de procedimiento para el reconocimiento, la declaración y la calificación del grado de discapacidad, unificando criterios en todo el territorio nacional en cuanto a la valoración del grado de discapacidad de las niñas y niños enfermos de cáncer.

Los socialistas demandan que la Junta reconozca las valoraciones no presenciales de la discapacidad en los centros de valoración, con objeto de evitar riesgos a las personas afectadas inmunodeprimidos, tomando en consideración los informes médicos, psicológicos y sociales.

Además, señalan que se tiene que conceder la tarjeta provisional de estacionamiento desde el diagnóstico para facilitar la movilidad, así como promover la formación de profesionales públicos para lograr el diagnóstico temprano de los casos y aplicación de mejores tratamientos.

El diputado encargado de defender esta iniciativa ha sido el socialista José Luis Escudero ha indicado que quieren que esos "locos bajitos a los que canta Serrat" que padecen esta enfermedad tengan las mismas oportunidades que el resto de comunidades, en cuanto al diagnóstico de tratamiento y la igualdad de condiciones con otras personas de su edad.

Escudero ha indicado que hay 1.400 niños diagnosticados con cáncer, 50 en Castilla-La Mancha, siendo la leucemia, tumores y los linfomas, las manifestaciones más comunes de la enfermedad, aunque, ha afirmado, que el 80% logran superarla.

Enmiendas

El diputado del PP Francisco Núñez se ha mostrado a favor de esta iniciativa, pero ha pedido que estos enfermos deben ser compensados parcialmente por el Gobierno regional, que se habilite una partida necesaria para que en el periodo de reconocimiento del grado de dependencia, la Consejería habilite una cuantía para compensar a las familias, así como otra partida de 10 millones de euros, para gastos y medicamentos.

Estas enmiendas suponen el 0,4 por ciento del presupuesto del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), según Núñez. Estas enmiendas no han salido adelante, pues Escudero ha manifestado su rechazo a las mismas, por no adecuarse a las demandas promovidas por la proposición de los socialistas.

De su lado, el diputado de Podemos José García Molina se ha mostrado a favor de esta propuesta, pero ha señalado que lo más recomendable hubiera sido un acuerdo de proposición única. Asimismo, ha señalado que pedir una partida con una cuantía determinada sería un ejercicio "especulativo".

Procedimiento

"Este cambio en el procedimiento va a permitir que los profesionales de los centros no tengan que interpretar el Real Decreto, sino que aparezca muy claro que con el informe del facultativo se pueda contar con este grado de discapacidad", ha explicado, queriendo recalcar la "sensibilidad" del Gobierno en este tema.

También ha querido poner en valor que de esta manera "se podrá reclamar al Gobierno de España que reconozca de forma inmediata la discapacidad a niños afectados por cáncer".

El tema es para la consejera "muy importante", una propuesta que "tiene un objetivo fundamental, y éste es que no haya demora entre el diagnóstico del niño con cáncer y la valoración de la discapacidad".

"Desgraciadamente el cáncer infantil no puede ser directamente prevenido. La lucha reside en la prontitud del diagnóstico y el tratamiento. En Castilla-La Mancha es una enfermedad poco frecuente que se aborda en dos unidades de referencia en Toledo y Albacete", ha explicado Sánchez, quien ha querido recordar que el Sescam contaba con una unidad técnica de apoyo "que interrumpió" el anterior Gobierno.

Para Sánchez, el cáncer es "una enfermedad familiar en el amplio sentido de la palabra". "Las familias con niños con cáncer tienen que pasar una larga travesía de hospitales y numerosos costes derivados de los tratamientos".

Estas familias "han elevado muchas veces la voz para ver reconocido este grado de discapacidad", y en muchas ocasiones se han detectado "diferencias entre comunidades autónomas" en este sentido por la interpretación de los procedimientos recogidos en el Decreto que regula este extremo.