Bronca de los agentes medioambientales al Gobierno de Castilla-La Mancha

La Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha (APAM-CLM) ha denunciado la decisión de la Junta de Comunidades de que los agentes usen firma electrónica y no su número de identificación profesional para realizar denuncias, quedando así "expuestos a infractores y delincuentes".

Para AMAP-CLM, esta medida -que contraviene un informe de los servicios jurídicos- "pone en claro riesgo la integridad física de los agentes, ya que la firma electrónica contendría todos sus datos personales", según ha informado la asociación en nota de prensa.

"Esta situación ya está provocando inseguridad jurídica, física y psicológica, por lo que exigimos que se remedie rápidamente", han reclamado.

En este sentido, han explicado que "ya que desde el lunes 17 de julio se está dejando desprotegidos a los agentes frente a intereses potencialmente peligrosos de determinados infractores y delincuentes, que en base a su derecho a la información pueden vulnerar el derecho a la intimidad de los mismos", según AMAP-CLM.

Grave inseguridad

Y han advertido de que "esta inseguridad, por la facilidad de acceso a los datos personales de los agentes, aumentará los casos de amenazas y agresiones que ya de, por sí, venimos sufriendo en los últimos años y presionará a los agentes para dejar de perseguir y denunciar infracciones por este riesgo añadido innecesariamente".

A su juicio, los agentes medioambientales no encajan "en el perfil de funcionarios para los que está diseñado el sistema de firma electrónica" y, por ello, han pedido "una alternativa tan sencilla como es una firma digital con el número de identificación profesional".

Además, han señalado que "todos los cuerpos policiales funcionan a día de hoy" con este sistema para "no exponer a sus agentes ante individuos potencialmente peligrosos".

"Mientras otros cuerpos están buscando alternativas más adecuadas que protejan a sus integrantes, el Gobierno de Castilla-La Mancha parece empeñado no sólo en no mejorar la seguridad de los agentes medioambientales, sino en exponerlos a mayores riesgos de los que ya de por sí asumen de una forma innecesaria e ilegal", han lamentado.