El Gobierno de Castilla-La Mancha está estudiando personarse en el caso de que haya un litigio jurídico en relación al presunto fraude de 600 millones de euros en la desaladora de Escombreras, en Cartagena (Murcia). Así lo ha adelantado el portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, a preguntas de los periodistas en rueda de prensa, aunque también ha reconocido que, de momento, la información que maneja el Ejecutivo castellano-manchego sobre este asunto es la que ha aparecido en los medios de comunicación.

Hernando ha considerado que "se abrirá en España algún tipo de proceso jurídico" en torno a este asunto, en cuyo caso "la Junta está estudiando poder personarse", ha dicho. No obstante, si no se produjera ningún litigio y puesto que el Gobierno regional está investigando las causas del posible fraude y analizando la documentación sobre este asunto, el portavoz ha indicado que el Ejecutivo quiere conocer si podría iniciar una demanda judicial.

Al margen del ámbito judicial, Hernando ha incidido en que al Gobierno de Castilla-La Mancha le compete el ámbito político y en este sentido ha remarcado que la finalidad es "usar este ejemplo para demostrar que realmente las desaladoras tienen que ser una herramienta útil y sobre todo limpia". "Apostamos por las desaladoras independientemente de que otros hayan hecho apuestas con las desaladoras", ha apostillado.

Nefasto trasvase

Por otra parte, a preguntas sobre la posibilidad de que se amplíe la cantidad del trasvase, el portavoz del Ejecutivo regional ha avanzado que "a partir del día 3 de mayo hay una nefasta pero gran probabilidad de que el Ministerio aumente de 20 a 38 hectómetros cúbicos el trasvase al Levante".

Para Hernando, "no es solo un trasvase de agua, sino que es de renta", y ha lamentado que tanto la decisión del Gobierno de España como el Memorándum que firmó la expresidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, "condenan a Castilla-La Mancha a tener una lámina mínima de 400 hectómetros cúbicos".

En este sentido, ha subrayado que la ampliación del trasvase sería "un paso atrás de nuevo" en el proceso para llegar a un Pacto Nacional del Agua, porque "el Gobierno de España no está en disposición de hablar de soluciones a medio o largo plazo y está concentrado solo en aumentar el trasvase a corto plazo, lo que nos deja con sequía permanente en el centro del país", ha apuntado.