Piden que se les dé más poder a las unidades de igualdad de la Junta en la nueva ley

Izquierda Unida (IU) de Castilla-La Mancha ha pedido que las decisiones de las unidades de igualdad que se crearán en las distintas consejerías del Gobierno regional sean vinculantes. Esta petición ha quedado plasmada en las alegaciones que el Área de la Mujer de IU ha presentado al proyecto de decreto por el que se regulan las unidades de igualdad de género en la Administración regional publicado el pasado 19 de julio, ha informado este partido en nota de prensa.

La responsable del Área de Mujer, Isabel Álvarez, ha explicado que, entre las alegaciones presentadas, destaca la que recoge que la Ley de Igualdad de Género entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha establece en la disposición adicional única que estas unidades establecidas en las consejerías deberán estar completamente implementadas cinco años después de entrar en vigor la citada normativa.

Por tanto, ha manifestado: "Llegamos ocho años tarde para que esta medida resulte efectiva, excepto la experiencia de dos consejerías en las que se implantaron en 2016 y de las que desconocemos su andadura ni cuáles han sido sus resultados".

Según Álvarez, si el objetivo es que las políticas de igualdad sean efectivas, las decisiones tomadas por los responsables de igualdad de cualquier ámbito deben se vinculantes y, sin embargo, la propuesta de decreto no lo recoge de esta forma, ha lamentado.

Qyue se aplique a los organismos autónomos

IU también ha hecho hincapié en otras alegaciones en que es "deseable" que las medidas propuestas en las consejerías se lleven a cabo asimismo en los organismos autónomos, entidades públicas y en el resto de la Administración regional.

"Para lograr que la igualdad sea transversal y resulte creíble, las medidas deben llegar a todos los rincones públicos de la Administración y traspasar las paredes de los edificios de las consejerías", ha recalcado la responsable de Mujer de IU.

Además, la formación de izquierdas ha considerado que la propuesta de decreto "deja demasiadas puertas abiertas a la arbitrariedad", como las relacionadas con la falta de calendarización de las acciones, el perfil del puesto de trabajo o el procedimiento para elegir a las personas que serán responsables de las unidades de igualdad.