El Gobierno regional ha planteado la modificación de la ley por la que se creó el Consejo de Formación Profesional (FP) de Castilla-La Mancha con el objetivo de dar mayor protagonismo a la FP y adaptar las funciones atribuidas al Consejo según la normativa estatal aprobada con posterioridad a su creación.

Así se recoge en el proyecto de ley por el que se modifica la ley 1/2011, de 5 abril, que hoy publica el Boletín Oficial de las Cortes regionales, consultado por Efe, después de que la Mesa del Parlamento autonómico admitiera a trámite el documento emitido por el Ejecutivo castellanomanchego al que le dio el visto bueno el Consejo de Gobierno el pasado 20 de noviembre.

Con la publicación en el Boletín de las Cortes, se abre un plazo de presentación de enmiendas por parte de los grupos parlamentarios que concluirá el día 17 de diciembre para continuar el trámite parlamentario en la Comisión de Empleo del Parlamento.

En la exposición de motivos para la reforma de la ley, la Junta de Comunidades ha argumentado que la norma en vigor data de hace 17 años y, por tanto, ve necesario llevar a cabo una revisión de las funciones encomendadas al Consejo de FP.

A lo largo de estos años, según Gobierno regional, la labor del Consejo arroja un balance "positivo" de las funciones encomendadas, y de hecho ha impulsado tres planes de FP que abarcaron los períodos 2003-2006, 2007-2010, y el vigente III Plan de FP de Castilla-La Mancha 2019-2022.

Por ello, la finalidad de la modificación de la ley es reforzar la actividad del Consejo de forma que sea preceptivo que informe sobre las leyes y normas reglamentarias que tengan relación con la FP o con las cualificaciones profesionales, para facilitar la labor de coordinación de la oferta formativa y dirigir las acciones que se realicen hacia la formación acreditable oficialmente o a completar los procedimientos de acreditación de competencias.

También se incluye entre las funciones la emisión de un informe anual sobre los requisitos de formación que se tienen en cuenta para el acceso al empleo, e impulsar la participación de Castilla-La Mancha en el desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, tanto en la actualización del Catálogo Nacional como en los títulos de FP y los certificados profesionales, de modo que se adapten a la realidad educativa y laboral de la región.

Además, el Gobierno regional ha considerado necesario adaptar las funciones del Consejo de FP a los nuevos procedimientos, conceptos y terminología que se han establecido por la normativa estatal dictada con posterioridad.

Por último, el Ejecutivo autonómico ha propuesto la supresión de la competencia de informar sobre los criterios de homologación de los centros educativos que imparten FP para el empleo y de los centros productivos en los que se desarrollan las prácticas en centros de trabajo por estar ya regulados estos criterios en la normativa vigente.