Los opositores a la Junta ya pueden marcar en rojo esta fecha para hacer un examen que trae novedades

Poco a poco se van conociendo los detalles para desarrollar la oferta de empleo público 2017 y 2018 y los que estén pensando en presentarse a ella ya pueden fijarse una fecha en el horizonte. El mes de septiembre de 2019. En principio, será para entonces cuando se fije un examen en el que serán muchos los aspirantes a hacerse con algunas de las plazas en las Administración regional, tal y como se desgrana de información proporcionada por fuentes sindicales.

Así se desprende de las reuniones que están llevando a cabo los sindicatos con la Administración en las Mesas de Negociación. Y es que, también se detalla que la fecha de convocatoria para dicho examen se pueda llevar a cabo para el mes de febrero de 2019, desarrollándose las pruebas en el citado anteriormente mes de septiembre. 

Un examen para el que, además, los candidatos podrán apreciar algunas novedades respecto al último examen de estas características para acceder al cuerpo de funcionarios de la Junta, celebrado en el último trimestre de 2017. En principio, el cambio más relevante es el de la eliminación de la parte de psicotécnicos, una de las propuestas de los sindicatos al considerarse que son preguntas que suelen llevar mucho tiempo y que es utilizan fundamentalmente para realizar la criba, restando opciones de contestar a las de conocimientos legislativos. 

Otro de los puntos que jugará a favor de los opositores será el aumento de tiempo para poder afrontar la primera prueba, puesto que está previsto que se pueda aumentar en veinte minutos la duración de la misma. Asimismo, otra importante modificación tendrá que ver con las penalizaciones por las preguntas mal contestadas. Si en el anterior se restaba una pregunta acertada por cada tres fallos cometidos, en la nueva está previsto que sean cuatro las preguntas erróneas necesarias para restar una, algo que ya se aplicó, por ejemplo, en el examen para acceder al Sescam. 

Exentos de las tasas

Lo que aún está pendiente de aprobarse es la exención de las tasas que deben abonar determinados colectivos sociales. Además de los demandantes de empleo, la propuestas de los sindicatos pasa por que tampoco abonen este gasto las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, las familias numerosas, las víctimas de terrorismo o violencia de género, así como participantes en los procesos de procesos de promoción interna. En principio, está medida se trasladará a la consejería de Hacienda para abordar  una posible modificación legislativa. 

En las próximas reuniones, se espera que se sigan desgranando nuevas novedades al respecto y que vayan quedando fijados el resto de detalles de unas pruebas que esperan muchos ciudadanos de la región que aspiran a conseguir un empleo público en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.