El PP ha propuesto al Gobierno de Castilla-La Mancha que, a través de empresas de la región, se lleve a cabo la fabricación de mascarillas para poder dotar a toda la población con un sistema de prevención que evite el contagio.

"Es muy importante poner en marcha un plan para hacer frente a las nuevas recomendaciones que ya están haciendo muchos expertos respecto a extender el uso de mascarillas a toda la población", ha asegurado el diputado nacional del PP por Toledo Vicente Tirado en nota de prensa.

Por otro lado, ha exigido "información transparente y veraz, contabilizar bien los afectados y los fallecimientos", así como la realización de "test masivos, porque hay muchos asintomáticos que transmiten el virus".

"Soluciones reales y medios es lo que necesita Castilla-La Mancha, por eso apoyaremos las medidas que sean necesarias y seremos leales, pero no cómplices de la inacción, la resignación y la ineficiencia", ha añadido.

Mayor apoyo

Asimismo, Tirado ha reclamado mayor apoyo a las residencias de ancianos, porque "muchas de ellas en la provincia de Toledo están al límite y no pueden más" y ha agradecido el gran esfuerzo que están haciendo sus trabajadores para cuidar de los más vulnerables en esta crisis sanitaria.

Del mismo modo, el parlamentario ha recordado la importancia de apoyar y ayudar a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas, "porque si no se les apoya, como ha pedido Paco Núñez, de forma inmediata y eficaz, no sobrevivirán" y de ellas depende en gran parte el empleo y el futuro de la provincia de Toledo y de toda Castilla-La Mancha

Por último, Tirado ha exigido que se dote y se abra el nuevo Hospital de Toledo, "pues nadie entiende que siga cerrado en plena crisis del coronavirus". "No se trata de hacer un traslado, sino de apoyar al Virgen de la Salud con 25 quirófanos y 80 camas UCI", ha reclamado el diputado, quien ha recordado que esta reclamación le ha sido trasladada por los parlamentarios nacionales de la provincia al Gobierno de España, a través de sendas preguntas en el Congreso y en el Senado.

Lo que dice el ministro

Por su parte, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha defendido que el Gobierno no va a considerar obligatorio el uso de mascarillas si no hay capacidad suficiente para que toda la población tenga acceso. "El Gobierno no va a exigir algo que no se pueda cumplir. Cuando haya una recomendación o exigencia contará con que haya capacidad", ha apuntado en rueda de prensa.

Illa ha defendido el cambio de postura del Gobierno en relación al uso de mascarillas por parte de la población general, apoyándose en las "nuevas recomendaciones" de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y a distintos estudios publicados en los últimos días, que apuntan que su utilización podría frenar sustancialmente los contagios debido a que hay una parte de la población contagiada pero asintomática.

"El Ministerio está estudiando esta cuestión. La comunicaremos cuando la tengamos decidida, siempre en base a la opinión de los expertos", ha resaltado, aunque puntualizando que no se impondrá su utilización obligatoria a menos que haya disponibilidad para la población.

Con respecto al control de precios anunciado este sábado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha argumentado que el Ejecutivo ha puesto "todos los medios para evitar que nadie quiera beneficiarse de una situación tan dura" como la del coronavirus.

El precio

"El precio está siendo objeto de seguimiento. No vamos a permitir que nadie pretenda sacar tajada de esta situación", ha proclamado, insistiendo en que el Gobierno está realizando un seguimiento de precios tanto de mascarillas como de geles hidroalcohólicos y otro tipo de productos sanitarios necesarios en la lucha contra el Covid-19.

"Vamos a garantizar, lógicamente en la medida de nuestras posibilidades, ese material de protección para los trabajadores y el conjunto de la población en general, y vamos a garantizar el precio de esos materiales", comentó ayer Sánchez en una comparecencia en el Palacio de la Moncloa.

"Lo hemos hecho por ejemplo, desgraciadamente, ante la necesidad de establecer precios controlados en los servicios funerarios. Hemos dictado hace unos días una orden en relación con este asunto y ahora los vamos a hacer para garantizar la provisión de este material para las personas con menos recursos. Esta es una exigencia que nos hemos puesto como Gobierno y, evidentemente, es un derecho que tienen los ciudadanos", apostilló el líder del Ejecutivo.