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La Fiscalía de Castilla-La Mancha eleva al Tribunal Supremo la falta de protección de los sanitarios
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM) ha elevado a la Fiscalía del Tribunal Supremo la denuncia presentada por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) el pasado 27 de marzo por una supuesta falta de protección de los empleados públicos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para evitar el contagio de coronavirus.
Según un comunicado del sindicato, la Fiscalía del TSJCLM comunicaba el 3 de abril a CSIF que procedía a incoar las oportunas diligencias de investigación penal y, ahora, el Fiscal Superior de Castilla-La Mancha, José Martínez, ha señalado que la Fiscalía del Tribunal Supremo es el órgano competente y ya ha procedido a remitir las diligencias oportunas.
CSIF denunciaba "la situación de los trabajadores que desarrollaban su labor con personas contagiadas por COVID-19, o en riesgo de infección, sin contar con equipos de protección individual (EPIs), o bien inadecuados, en centros dependientes de la Consejería de Sanidad, el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), la Administración General de la Junta de Comunidades y la Consejería de Bienestar Social, así como en centros de asistencia sanitaria privada". No en vano, el sindicato recuerda que en la región se han contagiado más de 3.000 profesionales de ámbito sanitario, lo que, a su juicio, "demuestra que no se han adoptado medidas eficaces de prevención ni de protección".
Así, en la denuncia presentada ante la Fiscalía del TSJCLM se requería a las autoridades competentes, bajo los apercibimientos legales, para que en el plazo de 24 horas dotasen a los trabajadores de los equipos de protección necesarios. Sin embargo, el Fiscal Superior de Castilla-la Mancha señala que con el decreto de estado de alarma es el Ministro de Sanidad, Salvador Illa, “la superior jefatura de los servicios sanitarios en todo el territorio nacional sin excepción” para evaluar las responsabilidades penales y civiles pertinentes solicitadas por CSIF, por lo que traslada el proceso al Tribunal Supremo.
En este sentido, CSIF denunció el pasado 31 de marzo al ministro de Sanidad ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo por su gestión, ya que "los contagios y fallecidos por la falta de previsión y material de protección pueden constituir delitos contra los trabajadores por infracción de normas de prevención laboral, de lesiones y homicidio imprudente".
