Las Cortes de Castilla-La Mancha instan al Gobierno de España a abrir la mano con los ayuntamientos

El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha aprobado este jueves sendas propuestas de resolución de Cs y PSOE, que han contado en ambos casos con la abstención del PP, en las que, entre otras demandas, instan al Gobierno de España a "flexibilizar la regla de gasto" para que los ayuntamientos puedan usar su superávit, cumplan o no los requisitos, para cubrir los gastos ocasionados por la pandemia de COVID-19.

En concreto, la propuesta de Cs demanda también que los recursos puedan destinarse a ayudas enfocadas a la economía local y las empresas y que aquellas entidades locales sin superávit tengan dos años de carencia de intervención para poder disponer de liquidez para asumir los gastos generados por la situación sanitaria. Igualmente, solicitan una reforma de la financiación local y que se inicien conversaciones con todas las fuerzas políticas en las Cortes generales para consensuar una reforma de Ley de Bases del Régimen Local.

La resolución del PSOE, además, pide la constitución de un fondo de impulso para la recuperación económica y social destinado a las entidades locales, que se cumplan los acuerdos con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) relacionados con al recuperación de los sectores económicos y sociales y que el Gobierno autonómico promueva un gran acuerdo regional entre la Junta, las diputaciones y la propia FEMP para que los fondos del Ejecutivo central por la pandemia "consigan mayor eficacia y eficiencia".

El PP no ha visto aprobada su propuesta de resolución al debate, pese a contar con el apoyo de la formación naranja, en la que ha solicitado al Gobierno de España a poner en marcha las propuestas aprobadas por el Comité de la FEMP del 18 de mayo, y al Ejecutivo regional a "tomar medidas" para la plena disposición por parte de los ayuntamientos del cien por cien del superávit de 2019 y el remanente de tesorería para gastos del COVID y el establecimiento de un fondo económico extraordinario con una partida específica en los presupuestos regionales para que los ayuntamientos puedan atender los gastos extraordinarios de emergencia social surgidos este tiempo.

Ha sido durante un debate general sobre la asunción de competencias impropias y financiación de las entidades locales como consecuencia de las circunstancias actuales en Castilla-La Mancha, presentado por el PP, que ha cerrado el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina.

Ruiz Molina ha señalado que si el Estado obtiene recursos extraordinarios y tiene capacidad para endeudarse y, además, tanto las comunidades autónomas como las corporaciones locales tienen que adoptar medidas extraordinarias como consecuencia de la COVID-19, "lo lógico es que esa financiación se reclame a quien ha impuesto o adoptado esas medidas" pues "sería absurdo" que lo hiciera la comunidad autónoma, cuando tiene "insuficiencia de recursos".

En cualquier caso, ha puntualizado que, "en vez de debates estériles" porque no se ha "avanzado nada" durante la sesión, lo que los 'populares' deberían hacer son "propuestas concretas y unirse al pacto de recuperación", apremiando a los grupos parlamentarios a realizar "aportaciones positivas", que "nos ayuden a todos a salir o intentar solucionar los problemas de los sectores más afectados por la crisis sanitaria y económica".

Fracasada estrategia de Cs

El diputado de Cs, David Muñoz, que ha adelantado que antes del pleno ha ofrecido una resolución por consenso a PSOE y PP sobre este asunto, del que ya debatieron el 18 de junio, ha incidido en la necesidad de que los ayuntamientos puedan usar sus remanentes y que puedan "devolver a los ciudadanos lo que los ciudadanos han dado a los ayuntamientos, sus ahorros".

"Al final los ayuntamientos tienen que acudir a las subvenciones de las comunidades autónomas y las diputaciones" y pierden su autonomía, ha reseñado, destacando el problema de "insuficiencia" que hay en la administración local y abogando de nuevo por la flexibilización de la regla de gasto.

Muñoz ha pedido ir todos a una resolución única que haga "fuerza" para exigir al Gobierno de Pedro Sánchez que los ayuntamientos puedan usar sus ahorros, aunque ha admitido que, aún diciendo cosas parecidas, PP y PSOE no se ponen de acuerdo "ni siquiera en las cosas en las que están de acuerdo".

Desde el PP, María Roldán ha explicado que si trae este debate de nuevo al Parlamento es porque el Gobierno regional "no ha hecho nada" y no hay tiempo" para seguir mareando "la perdiz". Aunque ha admitido que los ayuntamientos están "gustosos" de hacer lo que deben, ha apuntado que "cuando uno lleva mucho tiempo nadando solo en medio del mar necesita que le echen un salvavidas".

Ha comentado que durante la pandemia el esfuerzo realizado por los municipios "ha sido ímprobo" y los alcaldes como ella no han "parado ni un momento. No hemos podido ni hemos querido", ha manifestado, abundando en la "impotencia, soledad y abandono" que han sentido "por parte del Gobierno de Castilla-la Mancha".

En este sentido, y tras preguntarse quién va a pagar, por ejemplo, las obras y servicios que demanda la Junta en el protocolo de actuación ante la apertura de los centros educativos, ha instado a poner a disposición de los ayuntamientos el cien por cien del superávit generado en 2019 y el remanente de tesorería y que, en materia de sanidad, educación y servicios sociales los gastos extraordinarios de los ayuntamientos sean sufragados por el Gobierno. También ha pedido un fondo económico para medidas extraordinarias de emergencia social.

La diputada socialista Josefina Navarrete, ha defendido el municipalismo del Gobierno autonómico y criticado que "los artífices del mayor daño hecho al municipalismo ahora quieran enarbolar esa bandera". "Yo como alcaldesa no olvido", ha agregado, en referencia a la gestión con los municipios que tuvo el PP durante su Gobierno. "Hay que tener la cara de hormigón armado para hablar ahora de financiación de ayuntamientos".

En este sentido, ha animado al PP a pedir la derogación de la 'ley Montoro' en referencia a la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, "mal denominada porque ni racionaliza ni es sostenible" ni clarifica competencias, ha explicado, remitiéndose a las medidas incluidas en la resolución ya aprobada en las Cortes sobre este asunto y demandando.

En su texto de este jueves al debate, el PSOE quiere que el Gobierno de España ponga en marcha un fondo municipal de actuación para el impulso de la economía local "que sea utilizado singularmente también en los ayuntamientos y diputaciones que no tengan superávit ni remanente" así como una revisión del sistema de financiación local en paralelo a la de la financiación autonómica.