Castilla-La Mancha destinará 250.000 euros a asociaciones de consumidores y OMICs

El Ejecutivo regional va a aprobar dos convocatorias de ayudas en materia de Consumo por un importe global de 250.000 euros. La primera convocatoria, que incluye una línea de ayudas por importe de 150.000 euros, se publicará en el mes de abril y tiene como destinatarios a las asociaciones de consumidores y usuarios para potenciar su participación activa en las políticas públicas de consumo.

"Está convocatoria, la consolidamos, puesto que es el tercer año consecutivo que la llevamos a cabo", ha avanzado el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, que ha presidido el Consejo Regional de Consumo, en el que se ha realizado el balance de actuaciones correspondiente al año 2020.

Posteriormente, ha explicado, se aprobará una segunda convocatoria con ayudas para las entidades locales (OMICs) y sus programas de consumo de 100.000 euros.

"Hemos decidido recuperar ya que consideramos de gran importancia el papel que juegan las entidades locales de defensa de los derechos de las personas consumidoras a través de sus programas de Consumo y se encontraban sin ayudas después de que en 2011 el Partido Popular se las retirara", ha defendido el consejero, según ha informado en nota de prensa la Junta.

José Luis Escudero, que ha querido recordar que esta semana se han cumplido precisamente dos años de la aprobación de la Ley del Estatuto de las Personas Consumidoras en Castilla-La Mancha del 22 de marzo de 2019, también ha dado cuenta durante el Consejo Regional del balance de actividades llevados a cabo en materia de Consumo desde su Consejería a lo largo del año 2020, destacando el gran trabajo realizado "por cantidad, y por calidad".

Ha señalado que los números "hablan por sí solos", y ha desglosado los que ha considerado "más representativos", empezando por una actuación piloto y experimental que ha permitido comprobar que gracias a las mediaciones de las oficinas municipales de consumo las personas consumidoras han recuperado 413.551,37 euros, o lo que es lo mismo, una media de 80 euros por cada una de las reclamaciones que presentaron, y en las que mediaron los técnicos de las OMICs.

De igual modo, ha destacado Escudero, en 2020 se llevaron a cabo más de 90.000 actuaciones inspectoras, la mayoría en relación con la seguridad de los productos, teniendo que retirar del mercado un total de 33.099 unidades de producto, lo que supone una destacada acción preventiva sobre artículos cuyo uso o consumo entrañan riesgos para las personas consumidoras.

Además, se visitaron 2.421 establecimientos, se testearon casi un centenar de productos (de acuerdo con la planificación analítica de campañas prevista a nivel europeo, nacional y regional), se incoaron un total de 560 expedientes, y se dictaron 588 resoluciones sancionadoras.

Respecto a las peticiones de asesoramiento, los servicios provinciales y las oficinas municipales de Información a las Personas Consumidoras atendieron un total de 68.523 solicitudes, de las que el 64,9 % fueron consultas, un 34,8 % reclamaciones, y menos de un 1 % del total denuncias (68) y quejas (141), siendo los sectores más demandados los de las telecomunicaciones, el abastecimiento eléctrico, los viajes, la banca y los seguros.

Como consecuencia de la crisis sanitaria generada por el COVID-19, en el período comprendido entre el 15 de marzo y el 30 de junio se produjeron 16.000 consultas, de las que el 79 % se quedaron en asesoramiento, y un 21 % en reclamaciones.