Denuncian "discriminación y maltrato" de la Junta a casi 500 trabajadoras "precarias"

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia la "discriminación y maltrato" que padecen los auxiliares técnicos educativos (ATE) y los Técnicos Especialistas en Lengua de Signos (TEILSE) de Castilla-La Mancha, unos colectivos que tienen "una relación contractual precaria de fijo-discontinuos con la Administración", lo que se traduce en su despido durante los meses de julio y agosto para volver a ser contratados en septiembre.

A esta "discriminación" frente a otros profesionales de ámbito educativo se suma una jornada laboral precaria ya que, según añade el sindicato en nota de prensa, más de 500 profesionales tienen una jornada de trabajo reducida.

Además, el 90 por ciento de estos contratos a tiempo parcial están ocupados por mujeres, lo que constituye una discriminación indirecta, una diferencia de trato en perjuicio del género femenino al suponer un detrimento de las retribuciones y de las cotizaciones a la jubilación con respecto al resto del personal laboral de la Junta, con contrato a tiempo completo.

"No sólo no cobran los meses de verano sino que cuentan con jornadas reducidas", señala el presidente autonómico del Sector de Administración General de la Comunidad Autónoma, Joaquín Sánchez.

Profesionales especializados

CSIF recuerda que tanto ATEs como TEILSEs son profesionales especializados en la atención a niños con necesidades especiales en los centros educativos de Castilla-La Mancha. Sin embargo, a pesar de que "su trabajo es fundamental", el Gobierno regional "prima más el ahorro que el servicio que prestan. CSIF exige que "con la educación, y más con los alumnos con necesidades de apoyo, no se puede ahorrar".

Sánchez añade que "atrás queda todo el esfuerzo realizado dentro de la pandemia, donde han dejado más que patente su profesionalidad con los evidentes riesgos que entrañaban para su salud".

"Es obligatorio mejorar las condiciones de estos profesionales, puesto que son un recurso personal imprescindible para conseguir la máxima autonomía del alumnado con discapacidad en los centros educativos públicos de nuestra comunidad autónoma", concluye.