Castilla-La Mancha pide eliminar la tasa de reposición para acabar con la interinidad

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha valorado la predisposición del Gobierno de España por solucionar el problema de la interinidad en las administraciones públicas y ha considerado que este problema se resuelve eliminando la tasa de reposición.

Así lo ha puesto de manifiesto este jueves el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, durante su participación por vía telemática en la Conferencia Sectorial de Administración Pública, según ha informado la Consejería en nota de prensa.

En este encuentro, presidido por el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, los representantes de las diferentes comunidades autónomas y del Gobierno de España han abordado las principales propuestas recogidas en el borrador del plan de choque para reducir la temporalidad en las administraciones públicas, con el objetivo de alcanzar un acuerdo para reducir la interinidad.

Este plan, que supone la modificación de parte del articulado de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, se tramitará mediante un real decreto ley, tal y como ha informado el Ministerio en la Conferencia Sectorial.

En este sentido, Ruiz Molina ha valorado la predisposición para dar solución al problema y ha considerado que "aunque aún quedan flecos para llegar al acuerdo, se resolverán en la tramitación parlamentaria". 

Castilla-La Mancha

Precisamente, reducir la interinidad es uno de los objetivos de las sucesivas ofertas de empleo público que convoca el Gobierno de Castilla-La Mancha, según ha asegurado la Consejería de Hacienda, que ha recalcado que el Ejecutivo autonómico "está haciendo un importante esfuerzo para cumplir el compromiso del presidente Emiliano García-Page de aprobar todos los años una OEP en todos los sectores".

En los últimos seis años se han aprobado un total de 15.751 plazas de empleo público en Castilla-La Mancha, lo que se traduce en una media de más de 2.600 plazas al año.

"Todo ello con la finalidad de mejorar la calidad de los servicios que se prestan a la ciudadanía, pero también de blindar las plantillas y de reducir la temporalidad", asegura el Gobierno.