Las últimas intentonas de la vicepresidenta primera del Gobierno de España y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para tranquilizar a las comunidades críticas con el cupo catalán no han surtido ningún efecto en Castilla-La Mancha. Juan Alfonso Ruiz Molina, consejero de Hacienda del Ejecutivo presidido por el socialista Emiliano García-Page, ha insistido este martes en que el acuerdo firmado entre el PSC y ERC es "un flagrante ataque al principio de igualdad que se reconoce en la Constitución", por lo que ha opinado que "no se va a llevar a cabo".

Ruiz Molina, a preguntas de los periodistas durante una rueda de prensa en la que ha informado sobre la aprobación del techo de gasto con el que se elaborarán los presupuestos regionales de 2025 en Castilla-La Mancha, ha asegurado que dicho acuerdo "es un concierto, aunque la ministra nos llame mentirosos".

"Estamos hablando de un concierto, algo que solo está contemplado en la Constitución para el País Vasco y Navarra. No hay ninguna duda desde el punto de vista académico y desde el punto de vista del sentido común. Es blanco y en botella", ha añadido el consejero castellano-manchego días después de que Montero defendiese que el pacto que permitió investir a Salvador Illa como presidente catalán "ni es un concierto económico ni es una reforma del modelo de financiación", sino una "fórmula para profundizar el autogobierno al que aspira Cataluña" y una "financiación singular" que, además, va a ser "buena para el conjunto del Estado español".

Unos argumentos para nada compartidos por el Gobierno del socialista Page, cuyo consejero de Hacienda ha mostrado su "absoluto rechazo" a que este sistema se acabe implementando y ha elevado la presión sobre la propia Montero, a la que ha acusado de "avalar" un acuerdo bilateral con Cataluña que, ha insistido, supone "un concierto y un privilegio para esta comunidad autónoma".

"Con el acuerdo alcanzado, Cataluña va a decidir qué montante aporta, qué condiciones deben cumplir las comunidades autónomas y durante cuánto tiempo va a portar esos recursos", ha alertado Ruiz Molina, que en la misma línea ha ironizado: "Los Consejos de Política Fiscal y Financiera ya no van a ser convocados por la ministra de Hacienda; deberían ser convocados por la recién nombrada consejera de Hacienda de Cataluña, porque va a ser Cataluña quien decida el dinero del que vamos a disponer el resto de comunidades autónomas".

Negociación conjunta

El titular de la Hacienda castellano-manchega ha pedido al Ejecutivo de Pedro Sánchez que lidere una propuesta para reformar la financiación autonómica, permitiendo la participación conjunta de todas las comunidades. "Se ha hecho así siempre, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y luego se ha ratificado en el Congreso y en el Senado, por lo que aspiro a que el Gobierno de la nación actué con tanta rapidez como con la que ha avalado el acuerdo alcanzando en Cataluña", ha defendido.

Ruiz Molina, además, ha recordado que esto mismo "lo reclamaba la ministra cuando era consejera de Hacienda en Andalucía", por lo que ha dicho sobre  su compañera de partido: "Es perfectamente conocedora de la necesidad de que sea el Gobierno de la nación el que lo lidere, como no podía ser de otra manera".

El consejero ha informado también de que está a la espera de que, tal y como ha anunciado la propia ministra, se convoque la reunión bilateral entre los gobiernos de España y de Castilla-La Mancha para hablar sobre financiación, una cita en la que va a pedir "transparencia" sobre las exigencias del resto de comunidades para reclamar que "la mejor de las opciones que se negocien" en esas citas a dos también se implemente en la región castellano-manchega.

Fondo de compensación

Igualmente, "a la vista del acuerdo firmado para Cataluña, con el que el Estado podría llegar a perder 30.0000 millones, según cálculos de Fedea", Ruiz Molina ha vuelto a pedir que el Gobierno active de manera inmediata un fondo de compensaicón transitoria para las comunidades infrafinanciadas (Castilla-La Mancha, Andalucía, Valencia y Murcia) en tanto en cuanto se negocia el nuevo modelo, algo que se les ha negado reiteradamente.

"Con 3.000 millones se podría resolver la infrafinanciación de estas comunidades", ha recordado Ruiz Molina, que también ha citado los estudios de Fedea para cifrar en 315 millones la cuantía que debería recibir Castilla-La Mancha.