El Tribunal Constitucional deja en suspenso el recurso del Gobierno de Castilla-La Mancha contra la amnistía

Momentáneo parón de los recursos de las comunidades autónomas, Castilla-La Mancha entre ellas, contra la Ley de Amnistía. El Tribunal Constitucional ha tomado este lunes la decisión de dejar en suspenso la tramitación de estos recursos porque tiene "dudas" sobre la legitimidad de las autonomías para impugnar esta ley estatal y, por tanto, ha encargado un informe para dilucidar la viabilidad legal de su admisión a trámite.

El recurso del Gobierno de Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha se presentó el pasado 9 de septiembre después de recibir el visto bueno del Consejo Consultivo y los Servicios Jurídicos de la Junta de Comunidades por considerar que la Ley de Amnistía vulnera "el principio de igualdad" consagrado en el artículo 14 de la Constitución.

El Tribunal Constitucional paraliza así durante un plazo de dos meses el trámite de los 16 recursos presentados por Castilla-La Mancha y otras comunidades autónomas con el objetivo de establecer si están capacitadas para esa impugnación. El informe, adelantado por el diario El País y recogido por Efe, será determinante para la admisión a trámite de los recursos.

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Decidirá el Pleno

Un grupo de letrados del Constitucional elaborará un informe, que presentará a la magistrada Laura Díez, encargada del primer caso que llegó de una comunidad autónoma, el planteado por las Cortes de Aragón.

Ahora bien, las fuentes consultadas precisan que no hay nada extraordinario en solicitar este informe porque cuando una región recurre una norma ante el Constitucional lo primero es estudiar si cumple los requisitos para su admisión a trámite, como marca la ley. El informe de admisibilidad será llevado a Pleno del Constitucional en su momento.

De acuerdo a la Ley del Tribunal Constitución y a la propia Carta Magna, uno de los requisitos cuando una comunidad autónoma recurre una ley estatal es que "la ley tiene que tener una incidencia en el ámbito de la autonomía", de manera que el futuro de los recursos contra la amnistía está condicionado a cumplir con esta cuestión. Las propias comunidades entiende que la amnistía sí afecta a su ámbito de competencias.

Normalidad jurídica

No obstante, las fuentes dejan claro que el Tribunal "ni suspende ni aparca los recursos", sino que hay unos plazos y unos requisitos a la hora de estudiar estos recursos, por lo que plantear "ese informe entra dentro de la normalidad" antes de decidir sobre su admisión.

El Constitucional tiene en cola las impugnaciones presentadas por los doce gobiernos autonómicos del PP (Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana, Galicia, Aragón, Murcia, Castilla y León, Baleares, Extremadura, Cantabria y La Rioja) y tres parlamentos autonómicos con mayoría del mismo signo: Aragón, Murcia y Cantabria. También el recurso de Castilla-La Mancha, único socialista que ha recurrido el texto.

Varios de ellos de estos recursos piden recusar al presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, a la magistrada Laura Díez y al exministro de Justicia y magistrado Juan Carlos Campo, (ya apartado una vez que el Pleno ha aceptado su abstención), lo cual alteraría el actual equilibrio de fuerzas entre progresistas y conservadores y daría mayoría al bloque que, en principio, es más partidario de anular la ley por inconstitucional.

Legitimados

En este sentido, la consejera portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, ha expresado este lunes el convencimiento del Ejecutivo de Castilla-La Mancha de que las comunidades autónomas están legitimada para recurrir la Ley de Amnistía porque tanto el gabinete jurídico de la Junta como el informe que presentó el Consejo Consultivo de la región, por unanimidad, "han sido muy contundentes" en esa afirmación.

No obstante, esperarán a la decisión del Tribunal Constitucional en el estudio que encargará para determinar la viabilidad de los recursos presentados por comunidades autónomas, con el fin de decidir si los territorios tienen legitimación para impugnar la norma. En todo caso, según Padilla, esta situación entra dentro de la normalidad del funcionamiento del Constitucional.

Así, ha abundado en que dicho informe indica que las comunidades autónomas están legitimadas porque uno de los principios de los derechos que se vulnera es el de igualdad ante la ley de los ciudadanos de este país y, por supuesto, también los de Castilla-La Mancha.

"En esta parte no se trata de hablar de cuestiones económicas, pero si a una persona de Guadalajara por cometer un delito la tratan de manera diferente a como se trata a una persona de Cataluña en un momento concreto, consideramos que es una vulneración del principio de igualdad porque no a todos los ciudadanos se les trata igual independientemente de donde vivan y en qué momento hayan cometido el delito", ha concluido

Derecho a recurrir

La doctrina que se apruebe influirá también en el futuro sobre todos los casos en los que desde una comunidad autónoma se pretenda cuestionar las decisiones de otra, aunque no afecte a una cuestión relacionada con sus competencias.

La necesidad de estudiar a fondo el papel que pueden tener legalmente las comunidades autónomas con respecto a la ley de Amnistía se apreció desde el momento en que se cerró el plazo legal para la presentación de impugnaciones, el pasado día 11.

El artículo 162 de la Constitución concede la posibilidad genérica de presentar recursos de inconstitucionalidad a gobiernos y parlamentos autonómicos, pero remite a la ley orgánica que regula el funcionamiento del Constitucional, en la que se precisan las condiciones para este tipo de iniciativas.