FOTO: Europa Press

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Ciudad Real GESTIONA CUATRO HOGARES DE PROTECCIÓN DE MENORES

CCOO denuncia el despido de dos educadoras en una asociación ciudadrealeña sufragada públicamente

4 julio, 2018 18:54

CCOO ha denunciado el despido de dos educadoras por parte de la Asociación para el Desarrollo Integral del Menor (Dime), que gestiona cuatro hogares de protección de menores en la provincia de Ciudad Real, por reclamar el cumplimiento del convenio colectivo.

El secretario regional de Organización de CCOO-Enseñanza, Modesto Gómez, ha asegurado que estos despidos suponen "una escalada en la estrategia de amenazas, presiones, desprecios, humillaciones y difamaciones a sus trabajadores -en su mayoría mujeres-, con la que la dirección de Dime pretende garantizarse la sumisión de la plantilla", ha señalado el sindicato en nota de prensa.

Gómez ha afirmado que la exigencia de respeto a la plantilla y al convenio colectivo es "la única causa de expedientes impresentables, infundados e insostenibles" con los que esta asociación justifica el despido de estas dos trabajadoras, a las que ha definido como "unas profesionales intachables" con siete y diez años de experiencia.

Esta asociación gestiona cuatro hogares de protección de menores en la provincia de Ciudad Real y cuenta con unas treinta personas en plantilla. De ellas, ha explicado el responsable sindical, seis están de baja de larga duración por ansiedad y depresión, "fruto de las prácticas habituales de terror impuestas por la dirección", que, a su juicio, "la han convertido en la entidad del sector con mayor índice de bajas por estas causas".

Duras críticas

"En Dime, o te sometes o te rompen o te despiden", ha denunciado Gómez, para quien esto último es lo que ha hecho la dirección con estas dos trabajadoras "por su insistencia en denunciar los reiterados impagos salariales, en exigir el cumplimiento del convenio colectivo y en reclamar el reconocimiento de los derechos socio-laborales y profesionales de la plantilla".

El sindicato ha recordado que 'Dime' se sufraga "íntegramente" con dinero público, mediante convenios y subvenciones, por lo que ha considerado que la Consejería tiene que supervisar "muy de cerca" la gestión que esta asociación hace de esos fondos, la atención que presta a los menores y el trato que da a sus trabajadores.