Toque de atención del Tribunal de Cuentas a un ayuntamiento toledano que 'pasa' desde 2014

Un total de 656 entidades locales no ha presentado sus informes anuales al Tribunal de Cuentas ni del ejercicio 2014, ni de 2015 ni de 2016, impidiendo con ello que hayan sido fiscalizados por este órgano, aunque el 38 por ciento del total son pequeños pueblos de Castilla y León, con menos de mil habitantes, que alegan sobre todo falta de personal. Un 18% de esas 656 son de Castilla-La Mancha, lo que supone el 11 por ciento del total de la región.

Así figura en el informe sobre rendición de cuentas del sector público local en el año 2016 del Tribunal de Cuentas, que atiende especialmente a la situación de los municipios reincidentes en este incumplimiento. En total, en España existen 12.953 entidades locales, entre municipios, diputaciones, cabildos o consejos insulares, comarcas, mancomunidades, áreas metropolitanas y agrupaciones de municipios.

El Tribunal atiende en este trabajo especialmente a la situación de 28 municipios incumplidores de los que ha hecho un seguimiento especial y a los que se les envió un requerimiento por no entregar las cuentas de 2014 y 2015. De ellos, 24 tampoco han entregado la de 2016 en el plazo legal.

El único de este grupo que tiene más de 100.000 habitantes es Jerez de la Frontera, y sólo hay uno de más de 50.000, El Puerto de Santa María, ambos en Cádiz. Completan la lista de estos 28 los ayuntamientos de Garrucha y Huércal-Overa (Almería); Algodonales, Arcos de la Frontera, Barbate, Medina Sidonia, Vejer de la Frontera, Prado del Rey y Puerto Real (Cádiz); Almuñécar, Atarfe y Salobreña (Granada); Isla Cristina (Huelva); Vélez-Málaga (Málaga); Carmona, Écija, El Cuervo de Sevilla, Isla Mayor, La Algaba, Mairena de Alcor, Pilas y Montellano (Sevilla); Santona (Cantabria); Añover de Tajo (Toledo); Montgat (Barcelona) y Moratalla (Murcia).

Pero en total, son 656 los municipios que a 31 de diciembre de 2017 no habían rendido cuentas desde 2014, el 38%, como se ha dicho, de Castilla y León, en su mayoría municipios de menos de mil habitantes y entidades de tamaño inferior al municipio; son en total 252, pero que sólo representan el 5% del total de entidades locales de esta comunidad autónoma.

Otro 18 por ciento son de Castilla-La Mancha (el 11 por ciento del total de la comunidad) y otro 17 por ciento, de Andalucía (el 12 por ciento de la autonomía), el 10 por ciento de Cantabria y un 5% más, de Extremadura. En el otro extremo figuran Canarias, con sólo dos entidades en esta situación de incumplimiento reiterado, y Islas Baleares, sin ningún municipio o entidad en la lista.

Año tras año, en sus informes sobre la rendición de cuentas del sector local, este Tribunal recomienda a los legisladores que aprueben una normativa nacional que sancione este incumplimiento y que incluye la imposibilidad de recibir subvenciones y ayudas a las entidades que no presenten los informes a tiempo.

Falta de personal y de acuerdo en el pleno

La causa principal alegada por los ayuntamientos incumplidores un año tras otro es la falta de personal, aunque si el 72% alegaba este motivo en 2014, ha bajado al 48% en 2016. Otras razones principales esgrimidas son la falta de acuerdo en el Pleno para aprobar las cuentas o que les faltan las cuentas de entidades dependientes, así como incidencias informáticas. Otro 14 por ciento no ofreció una causa concreta en 2016.

El nivel de rendición de las cuentas del ejercicio 2016 de las entidades locales a 31 de diciembre de 2017, es decir, transcurridos dos meses y medio desde la finalización del plazo establecido, fue del 76% de media, frente al 73% alcanzado para el ejercicio 2015, lo que constituye el mismo nivel que en 2014, situación que según el Tribunal de Cuentas supone "la vuelta a un crecimiento en el porcentaje de entidades que han cumplido la obligación de rendir cuentas".

Por tipo de entidad, el 80 por ciento de los ayuntamientos cumplió con su obligación para la fecha obligada de diciembre de 2017. Del 20 por ciento restante, destaca el dato de que no rindió cuentas el 29% de los ayuntamientos de entre 100.000 y 500.000 habitantes y el 27% de los de entre 50.001 y 100.000. También atendieron a esta exigencia legal el 95% de las diputaciones provinciales y el 80% de los cabildos y consejos insulares.