La Policía desmantela el millonario negocio ilegal que se hacía en un club de alterne de Toledo

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, han llevado a cabo en Badajoz, Cáceres, Salamanca, Toledo y Valencia la operación 'Venus', dirigida contra el fraude a la Seguridad Social en prostíbulos. Cuatro personas han sido detenidas y otras dos están siendo investigadas.

Las investigaciones policiales comenzaron a principios del presente año, tras recibir varias denuncias que alertaban sobre varios ilícitos penales cometidos contra los intereses de la Tesorería General de la Seguridad Social. Gracias a ello, se ha descubierto la generación de un fraude por valor de 3,4 millones de euros.

El estudio de la documentación permitió comprobar que las personas implicadas pretendían eludir el pago de las cantidades adeudadas y frustrar las legítimas aspiraciones de cobro por parte de la Tesorería. Para ello, en algunos casos crearon sucesiones empresariales en las que las sociedades deudoras eran cerradas sin los trámites legales oportunos. Eran sucedidas por sociedades que estaban latentes y listas para ser puestas en marcha rápidamente libres de cargas. Además, se han encontrado empresas pantalla que ocultaban los beneficios y el patrimonio de las sociedades investigadas.

Los seis responsables del delito resultaron ser los administradores de hecho de las empresas, pero también varios familiares que estaban desarrollando la función de administradores de las mercantiles como testaferros. Se les imputaron delitos contra la Seguridad Social (fraude de cotizaciones) y frustración de la ejecución.

Todo el entramado societario investigado mantuvo siempre inalterado el nombre comercial de su producto y ofrecía una “marca” que resultaba inconfundible para sus clientes, a pesar de que sus mercantiles cambiaron de nombre en multitud de ocasiones.

En esta sucesión empresarial opaca dedicada a la explotación de un club de alterne en Toledo participaron seis empresas principales ayudadas por, al menos, otras dos secundarias. Un total de 86 trabajadores coincidían en más de una de las empresas implicadas. La deuda acumulada con la Seguridad Social era de 1.339.062,70 euros.

Dinero en metálico para no ser controlados

El uso del dinero en metálico era la norma en las empresas investigadas. No sólo utilizaban el sistema de caja conjunta entre las sociedades activas sino que también pagaban a los trabajadores de esta forma y utilizaban este mismo método con sus proveedores. Estos distribuidores, que en algunos de los casos trabajaban con los mismos productos, servían a petición de su cliente semanalmente con el único fin de que sus facturas nunca superasen los 2.500 euros, consiguiendo de esta forma evitar tener que hacer transferencias, según señala la normativa.

Las recepcionistas controlaban entre 1.500 y 4.000 euros por cada uno de los dos turnos del día durante toda la semana y funcionaban como si de un cajero automático se tratara. La forma de hacer el intercambio era sencilla y efectiva. Los clientes debían hacer un pago previo al local con su tarjeta de crédito, normalmente comprando tiques que se conseguían en las máquinas expendedoras, con los que supuestamente adquirían determinados servicios como sábanas o productos de limpieza.

El jefe de una de las tramas era el apoderado de las empresas instrumentales, que controlaba a través de su mujer y su hijo, a quienes había puesto a su mando ficticio en calidad de testaferros en diferentes periodos temporales.

Una de estas sociedades, radicada en Salamanca, se dedicaba aparentemente al alquiler de equipos para cultivos, si bien los trabajadores dados de alta se dedicaban en su mayoría a cuidar animales. Esa sociedad era la que alquilaba el edificio de Toledo, donde se desarrollaba la actividad de alterne por cuantías anuales que, en los últimos ocho periodos, oscilaron entre los 400.000 y el millón de euros.

Este “autoalquiler” parecía cumplir una función fundamental, que era justificar el gasto de las sociedades explotadoras del edificio para, así, reducir impuestos, aumentando los costos de explotación de la sociedad gestora con el fin de declarar menos ingresos y, en este caso concreto, revertir este beneficio nuevamente en su persona a través de una sociedad limpia controlada por él como apoderado y su hijo como administrador, sin peligro de que pudiera ser embargado tal montante económico.

Una trabajadora de una de las empresas instrumentales investigadas estuvo durante 15 años realizando labores de limpieza en las casas particulares del principal investigado y en las de sus familiares. Desarrollaba su trabajo de lunes a domingo de manera ininterrumpida y sin descanso alguno. Esta tarea distaba mucho de la supuesta labor de la sociedad, la cual figuraba como empresa explotadora de maquinaria del campo.