Desarticulada una organización fraudulenta de compraventa de vehículos que actuaba en tres provincias de Castilla-La Mancha

La Policía Nacional ha desarticulado en la denominada operación Chasis a un grupo criminal dedicado a la compraventa fraudulenta de vehículos en el ámbito nacional y formado por seis personas que presuntamente habrían cometido delitos de usurpación de estado civil, falsedad documental, estafa y pertenencia a organización criminal. Este grupo actuaba en tres provincias de Castilla-La Mancha, entre otras zonas de España.

Tres de estas personas han resultado detenidas, un cuarto ya se encontraba en prisión por otros hechos y sobre otras dos se siguen las pesquisas para su localización ya que, por el momento, se encuentran en paradero desconocido, según ha informado la Policía Nacional en una nota.

Una reclamación realizada por la Agencia Tributaria fue el desencadenante que hizo que un ciudadano de Almería tomara conciencia de que se estaban matriculando vehículos a su nombre, "motivo por el cual interpuso las correspondientes denuncias ante la Policía Nacional".

La investigación policial iniciada en esta ciudad llevó a los agentes hasta una gestoría ubicada en Granada que formaría parte de la organización criminal. La dinámica utilizada por la organización consistía en la adquisición de vehículos de alta gama en el mercado de segunda mano alemán, generalmente vehículos con menos de un año de antigüedad.

Empresas interpuestas

La compra de los mismos se hacía mediante interposición de empresas vinculadas o de terceros, aprovechando exenciones comunitarias o acogiéndose a un régimen especial de IVA, lo que conllevaba una menor tributación y un mayor beneficio para la organización. De esta manera conseguían introducir los vehículos en España eludiendo, de manera fraudulenta, una tributación importante que podía llegar a suponer un 21 por ciento del valor del vehículo.

Una vez en España, los vehículos se matriculaban a través de segundas sociedades relacionadas con la compraventa de vehículos y éstos se ponían a nombre de personas a quienes previamente se había usurpado su identidad o la de menores de edad, alguno de los cuales contaba con tan solo dos años.

La organización habría obtenido mayores beneficios al matricular los vehículos en España mediante la presentación de facturas falsas de cara a minorar la base imponible del impuesto sobre determinados vehículos a motor. Esta actividad habría supuesto un fraude por cada vehículo de entre 2.000 a 12.000 euros.

Posteriormente se sucedía una suerte de transferencias de titularidad con el objeto de generar "compradores de buena fe" para dar apariencia de regularización de la situación tributaria. Cuando la Agencia Tributaria reclamaba las cantidades impagadas al titular del vehículo en el momento de la matriculación, resultaba tratarse de un titular al que se le había usurpado su identidad. Por tanto la reclamación se dirigía contra esta persona, dándose la circunstancia de que cuando dicha reclamación llegaba el vehículo había sido transferido hasta en dos o tres ocasiones más.

Una vez matriculados los vehículos en España, con el consiguiente ahorro en elusión de tributos, procedían a la venta de los vehículos a particulares a un precio muy competitivo que superaba con creces el valor inicial de adquisición.

Castilla-La Mancha

Las distintas fases en las que se ha llevado a cabo la investigación, centralizada en Granada, han requerido de la realización de gestiones en distintas provincias del territorio nacional Madrid, Sevilla, Córdoba, Almería, Toledo, Ciudad Real y Albacete, donde este grupo criminal habría desarrollado su actividad.

Se han identificado a seis de los presuntos miembros del grupo criminal, todos ellos con antecedentes policiales anteriores a estos hechos de los cuales tres han sido detenidos, un hombre y dos mujeres de entre 36 y 42 años, un cuarto se encuentra ingresado en prisión y los dos restantes se hallan prófugos de la justicia en paradero desconocido.