Concejales del PP de Toledo

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Toledo LA POLÉMICA DE LOS REMANENTES

Los concejales del PP de Toledo se adhieren al manifiesto contra la cesión de los "ahorros" de los vecinos a Pedro Sánchez

7 septiembre, 2020 07:22

Los concejales del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Toledo se han adherido al manifiesto conjunto en contra del Decreto del Gobierno que obliga a la cesión de los remanentes municipales al Estado que ya han firmado alcaldes, concejales y ayuntamientos de más de una treintena de capitales de provincia y grandes ciudades de España y han instado a la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, "a dar marcha atrás en su empeño por entregar a Pedro Sánchez los ahorros de la ciudad y sumarse al rechazo mayoritario del municipalismo a los planes del Gobierno para expropiar los remanentes".

El comunicado conjunto, que cuenta con el respaldo de representantes municipales de todos los grupos políticos del país, a excepción del PSOE, reivindica el "papel jugado por los ayuntamientos en la gestión de la crisis sanitaria y económica" que han hecho aumentar sus gastos y mermar sus ingresos por lo que reclaman ayudas económicas para poder seguir prestando servicios". Es por ello que, según dice el documento, "rechazamos el acuerdo entre la FEMP y el Ministerio de Hacienda por ser injusto, vulnerar el principio de igualdad entre municipios y ciudadanos y la autonomía financiera de las entidades locales".

Asimismo expresan su rechazo al Decreto elaborado por el Gobierno para expropiar los remanentes de los consistorios, que precisamente instan a que sea rechazado por los grupos parlamentarios en su convalidación en el Congreso, y piden "un fondo estatal incondicionado de 5.000 millones para todos los ayuntamientos y otro específico para la financiación del transporte municipal, la ampliación del plazo de las inversiones financieras sostenibles y la eliminación de la regla de gasto, el concepto de déficit y de estabilidad, al menos para 2020 y 2021", ha informado el PP de Toledo en nota de prensa.

El manifiesto recoge expresamente una reclamación para que el Gobierno "desista de expropiar los ahorros de los vecinos y permita que los ayuntamientos puedan disponer libremente de los remanentes acumulados durante los últimos años, destinándolos a los proyectos y políticas que cada municipio determine en función de sus propias necesidades".