En la ceremonia de inauguración de la COP26 en Glasgow el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, lanzó un mensaje contundente, de esos que los periodistas aprovechamos porque son perfectos para un titular. "Basta de cavar nuestra propia tumba", soltó ante los líderes mundiales.

Pero el discurso de Guterres no se quedó únicamente en tirones de orejas y frases lapidarias, sino que deslizó un mensaje mucho más importante: "Más allá de los mecanismos establecidos en el Acuerdo de París, hoy anuncio que estableceré un grupo de expertos para proponer estándares claros para medir y analizar los compromisos de emisiones cero de actores no estatales".

Es decir, que más allá de los Estados, Guterres puso la vista en las empresas como actores contaminantes. Todo un aviso a navegantes que se vio reforzado cuando la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tomó la palabra. Ella también llevaba preparada una frase rotunda, carne de titular, cuando dijo: "Poned un precio al carbono, la naturaleza no puede pagar más ese precio". Y profundizó en ese discurso, posando su dedo acusador sobre las grandes compañías cuando pidió a la comunidad internacional gravar las emisiones de CO2.

Precio al carbono

Esta ha sido una de las demandas más escuchadas, sobre todo por boca de los países europeos, algo que ha unido a la canciller alemana, al príncipe Carlos de Inglaterra, al naturalista David Attenborough y a la propia Von der Leyen. Además de a Antonio Guterres.

También lanzó una iniciativa concreta el presidente francés, Emmanuel Macron, al pedir que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se encargue de verificar anualmente que las transferencias financieras de los Estados ricos efectivamente lleguen a los países en desarrollo para hacer frente al cambio climático.

Pero por encima de todos esos discursos planeó la sombra de un fracaso que todo el mundo teme aunque nadie se atreve a vaticinar. Con especial dureza resonó la voz de Guterres, quien pidió a la comunidad internacional reaccionar de inmediato para recortar las emisiones en al menos un 45% para 2030.

"Es el momento de decir basta. Basta de brutalizar la biodiversidad, basta de matarnos a nosotros mismos con carbono, basta de tratar a la naturaleza como una letrina (...)", dijo.

Así que una de las soluciones para lograr el objetivo de contener el ascenso térmico en 1,5 grados centígrados pasaría por imponer sanciones a las empresas más contaminantes. Algo que ya hace la UE. Pero ¿cómo funciona?

El sistema de la UE

La Unión Europea (UE) cuenta desde 2005 con un mercado de comercio de emisiones de CO2, el llamado ETS, donde se gravan las emisiones de dióxido de carbono de 11.000 plantas de consumo intensivo de energía. Ese fue el ejemplo usado por Von der Leyen. Y a continuación invitó al resto de países a imitar el modelo europeo para lograr mayor efectividad e impacto en la lucha contra el cambio climático.

El Régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE UE) es una de las piedras angulares de la política de lucha contra el cambio climático de la UE y un instrumento esencial para reducir económicamente las emisiones de gases de efecto invernadero. De esta forma la UE ha conseguido crear el principal mercado de carbono del mundo y el de mayor tamaño.

El RCDE UE funciona según el principio de "limitación y comercio". Se pone un límite máximo a la cantidad total de algunos gases de efecto invernadero que pueden emitir las instalaciones contempladas en el régimen. El límite va bajando a lo largo del tiempo para hacer que disminuyan las emisiones totales.

Poner precio al carbono favorece la inversión en tecnologías limpias

Por debajo del límite, las instalaciones compran o reciben derechos de emisión con los que pueden comerciar entre sí según sus necesidades. El límite sobre el número total de derechos disponibles garantiza que tengan un valor.

Al final de cada año, las instalaciones deben entregar suficientes derechos para cubrir todas sus emisiones, y en caso contrario se les imponen fuertes sanciones. Si reduce sus emisiones, la instalación puede conservar sus derechos sobrantes para cubrir sus futuras necesidades o venderlos a otra instalación que no tenga suficientes.

El comercio de derechos aporta una flexibilidad que garantiza la reducción de las emisiones donde resulte más barato. Además, poner claramente precio al carbono favorece la inversión en tecnologías limpias con pocas emisiones.

Nueva revolución industrial

El naturalista británico David Attenborough también apuesta por ampliar el abanico y sancionar a las empresas. Por eso en su discurso en Glasgow quiso dejar bien claro que "una nueva revolución industrial sostenible es esencial" porque "la concentración de carbono en la atmósfera es de 414 ppm (partes por millón)", una cifra que "define la crisis climática" y, en consecuencia, "habla de nuestra relación con la naturaleza".

"El clima estable y con estaciones predecibles que permitió el desarrollo de la civilización humana está en riesgo" por "el abuso de los combustibles fósiles y la destrucción de la naturaleza", alertó el científico británico durante su intervención en la cumbre de líderes de la COP26.

Según Attenborough, "la estabilidad de la que dependemos se está rompiendo" y "esta historia es una historia de desigualdad" porque "los que menos han contribuido" a la crisis climática se ven "más afectados", aunque "al final todos sentiremos el impacto".

La pandemia ha demostrado la capacidad de recuperación de la naturaleza en el momento en que la actividad humana cesó

"Para mantener el objetivo de contener el ascenso térmico en 1,5 grados, debemos capturar billones de toneladas de carbono de la atmósfera en la próxima década; una nueva revolución industrial sostenible es esencial y ya ha empezado", indicó.

En este sentido, la crisis provocada por la pandemia de la Covid-19 ha supuesto un experimento a nivel mundial que ha venido a demostrar la capacidad de recuperación de la naturaleza en el momento en que el mundo paró durante el confinamiento. Todo ello aparece muy bien reflejado en el documental El año en que el mundo cambió en el que el propio Attenborough ejerce de narrador.

El documental demuestra que durante el tiempo en que la población mundial estuvo confinada no sólo mejoró la calidad del aire en muchas ciudades y descendió el nivel de contaminación gracias a la drástica reducción de los procesos de producción. Animales y plantas fueron capaces de recuperar hábitats en los que hacía tiempo que no se adentraban. Una prueba evidente del impacto de la huella humana.

Compromiso de reforestación

Además de señalar a las grandes corporaciones para que contribuyan a limitar el ascenso de la temperatura global, un centenar de líderes mundiales de países que representan el 85% de los bosques del planeta se han compromito a "detener y revertir la deforestación y la degradación de la tierra" para 2030, informó el Gobierno británico durante la conferencia climática COP26.

Esa promesa, suscrita por Colombia, Indonesia, Noruega, Australia, Brasil, China, Costa Rica, la Unión Europea, Ecuador, Honduras, Guatemala, Perú, Rusia, Turquía, Uruguay, Estados Unidos o Reino Unido, va acompañada de financiación en la presente década para frenar la regresión de las masas forestales.

En concreto, adquirieron la obligación de desembolsar 12.000 millones de dólares de inversión pública (unos 10.340 millones de euros), a la que se suman 7.200 millones de dólares de inversión privada (unos 6.200 millones de euros) para 2030.

Esa cifra de inversión privada incluye 3.000 millones de dólares (unos 2.585 millones de euros) comprometidos a través de la iniciativa Finanzas innovadoras para la Amazonia, el Cerrado y el Chaco (IFACC, por sus siglas en inglés) para acelerar la producción de soja y ganado libre de deforestación en América Latina.

A ello se suman 1.100 millones de dólares (unos 948 millones de euros) recaudados por la Alianza de Inversión de Capital Natural para escalar la inversión en soluciones basadas en la naturaleza y la bioeconomía, según el anuncio.

Los Estados firmantes, que abarcan desde el norte de Canadá a la República Democrática del Congo, suman una superficie de 33,6 millones de kilómetros cuadrados de bosques, que son "los pulmones del planeta" pero que desaparecen a un ritmo de 27 campos de fútbol por minuto, indicó el Gobierno británico en un comunicado.

Además, los máximos responsables de 30 grandes instituciones financieras, entre las que se cuentan Schroders, Axa, East Capital Group o NEI Investment, también se comprometen "a eliminar la inversión en actividades vinculadas a la deforestación".