Doñana es uno de los 16 parques nacionales —además es parque natural— que hay en España, y el único junto a los Picos de Europa cuya extensión abarca hasta tres provincias distintas (Huelva, Sevilla y Cádiz). Su gran tesoro son las enormes marismas, que llegan a dar acogida a unas 200.000 aves de más de 300 especies distintas, un enclave que en el año 1994 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Y es precisamente el agua, pero la que se encuentra en el subsuelo de este importante enclave protegido, la que ha desencadenado la guerra entre aquellos agricultores que utilizan los acuíferos naturales de manera legal para regar sus plantaciones, y aquellos que excavan pozos ilegales para obtener el agua.

En concreto, ha sido la escasez de agua la que ha roto con décadas de silencio y complicidad entre agricultores, ya que los acuíferos están agotados, y ahora que empieza a haber restricciones, peligra el modo de vida de varias familias. Desde hace tiempo, las autoridades han estado multando y procediendo al cierre masivo de pozos no autorizados de aquellos regantes que esquilman los acuíferos de manera ilegal, medidas que no han erradicado la piratería en los cultivos.

No obstante, la baraja la rompió hace unos días el Gobierno andaluz en el Parlamento regional, cuando los grupos PP, Ciudadanos y Vox hicieron un cambio exprés de la ley para convertir en terreno de regadío en torno a 1.500 hectáreas del norte de la corona forestal de Doñana, donde hasta ahora no estaba permitido extraer agua. Todo esto mientras los embalses de la zona se encuentran por debajo del 30% de su capacidad, y el propio Gobierno central, desde el verano de 2020, ha declarado sobreexplotados los acuíferos en una estrategia para intentar preservar las mermadas reservas fluviales del parque.

A favor y en contra

Esto ha acarreado la división entre las comunidades de regantes, especialmente en las zonas donde el cultivo de frutos rojos (arándanos, fresas, moras y frambuesas) supone una importante actividad económica. Hasta hace tan solo unos días, la Asociación de Agricultores Puerta de Doñana, que se opone rotundamente a la iniciativa del Gobierno andaluz, estaba integrada en la principal plataforma de regantes de la zona, la de los Regadíos del Condado. Sin embargo, las discrepancias ante la amnistía planteada por PP y Ciudadanos, y apoyada por Vox, provocó la inmediata escisión del grupo, que cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Almonte (Huelva).

El portavoz de Puerta de Doñana, Miguel Ángel Coronel, manifiesta que “esta tramitación se ha llevado a cabo a espaldas de los agricultores de Doñana”, y matiza que “no estamos en contra de una nueva regularización del suelo agrícola regable, pero sí en la forma en la que se está planteando”. Coronel asegura que “abrir un nuevo proceso de regularización debería ser trabajo de todos, con los avales de todos los agentes implicados. Debería nacer como fruto del consenso y el diálogo entre todas las partes, tanto de la Junta de Andalucía como del Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana, ecologistas, etc”.

En la otra parte se encuentra la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado, que ha rechazado participar en este reportaje. En una nota de prensa emitida hace unos días, el colectivo aplaudía públicamente la decisión del Gobierno andaluz de cambiar la ley para regularizar las hectáreas de Doñana que pretenden convertirse automáticamente en tierras de regadío.

El presidente de la Plataforma, Romualdo Macías, asegura en ella que se trata de “una buena noticia” ya que, según él, la decisión de PP, Ciudadanos y Vox protegerá unas “parcelas históricas que desde hace décadas han recibido autorizaciones de riego, subvenciones y ayudas para proyectos de regadío y producción de bayas, e incluso han abonado el pago por canon agrícola”. Macías asevera además, que “nadie nos ha dicho, durante décadas y varias generaciones, que esas tierras no se podían sembrar y la Administración ha sido consciente del uso que tenían”.

El presidente de Regadíos del Condado insiste en el comunicado que este proyecto de ley “no se trata de una amnistía, en la que todo vale, sino que estamos recuperando los derechos históricos de estos terrenos”. Sin embargo, cuando toca mencionar el agua que hace falta para nutrir esos cultivos, y que escasea en Doñana, Macías habla en futuro y apela al “trasvase entre cuencas que se aprobó en 2018 y del que aún no tenemos nada más que una ley en un papel”. También asegura no entender “cómo no se avanza en este asunto cuando Huelva es una provincia rica en recursos hídricos”.

"Imposible sacar agua de donde no hay"

“Si la ley va adelante puede ser una estocada mortal para Donaña”, afirma Felipe Fuentelsaz, portavoz de la oenegé Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF por sus siglas en inglés) en Doñana, que remarca la urgencia de que “se cierren los pozos ilegales”, ya que amnistiar a quienes los excavan ilegalmente supondría “perpetuar y dar falsas expectativas a los regantes de más de 1.400 hectáreas”.

Pero Fuentelsaz no sólo señala el daño medioambiental que, según él, sufrirá el parque con la modificación de la ley, sino que habla de perjuicio también desde el punto de vista social: “Es una amnistía absurda. Ahora era cuando más tranquilos estaban los agricultores”, y apunta a que este vaivén legislativo está produciendo “mucha división entre agricultores legales e ilegales”.

Precisamente puede sorprender la connivencia que hasta ahora había entre quienes extraían agua del subsuelo de manera legítima y quienes construían pozos ilegales para hacerlo. Fuentelsaz considera que “es un tema complicado. Ellos [los regantes legales] son conscientes de que hay competencia desleal, pero muchos son vecinos, amigos y compañeros”.

La razón, por tanto, de que ese pacto de paz se haya roto es que los legales "se han dado cuenta de que peligra su sustento, porque hay muy poca agua y ellos ven que en el futuro va a haber todavía menos", explica el portavoz de WWF. Y añade: "El acuífero tiene una cantidad determinada, no se puede sacar más de donde no hay, es imposible. Han visto peligrar su recurso natural y por eso han explotado”.

Condena de la UE a España

Precisamente uno de los últimos movimientos que se han realizado desde las organizaciones de ecologistas ha sido el impulsado por WWF. Mediante una carta, remitida a finales de enero, el organismo ha puesto en conocimiento de la Comisión Europea lo que considera “un claro incumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE”, que el pasado mes de junio condenó a España por permitir que se esquilmen los acuíferos que nutren los humedales del parque.

En la sentencia, el organismo europeo alega que las “extracciones desmesuradas de agua subterránea” no cumplen con la legislación y el derecho comunitarios, y expone que, al elaborar el Plan Hidrológico del Guadalquivir 2015-2021, el Estado español no tuvo en cuenta las extracciones de agua ilegales y las destinadas al abastecimiento para consumo humano en las ciudades en la estimación de los bombeos subterráneos en la comarca de Doñana.

La justicia europea también acusa a nuestro país de no integrar en ese plan ninguna medida para "evitar la alteración de los tipos de hábitats protegidos situados en la zona provocada por esas extracciones de agua que abastecen el núcleo turístico de Matalascañas" (Huelva).

Los ecologistas llevan 13 años (desde 2009) acudiendo a la Comisión y el Parlamento europeos para denunciar el menoscabo de los hábitats naturales que contiene Doñana —donde viven especies en peligro de extinción como el lince ibérico o el Águila Imperial—. Un lustro más tarde, en 2014, Bruselas ya expedientó a España por este asunto, y en 2019 elevó el caso a la Tribunal de Justicia de la UE tras verificar que las autoridades de nuestro país no habían hecho nada para preservar el espacio protegido.

A raíz de la misiva de WWF, la Unesco reclamó oficialmente a España el cierre de las plantaciones ilegales de frutos rojos en Doñana y el desmantelamiento de los pozos ilícitos que las riegan. La petición no es una novedad, ya que en 2020 el organismo, junto a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), ya pidió a nuestro país la clausura de dichas instalaciones. Si el Gobierno central no emite a la Unesco un informe acerca del estado de Doñana antes del próximo 1 de diciembre, el parque será incluido en la lista de enclaves naturales en peligro.

En los últimos días, WWF ha llevado a cabo otra acción de protesta en la que ha desplegado una pancarta gigante en Doñana para advertir del peligro que tiene la sobreexplotación ilegal de los acuíferos y exigir el fin de la impunidad en el robo del agua. Bajo el lema STOP robo de agua, la organización denuncia que "la situación de Doñana es crítica, como nunca antes", e insiste en que la propuesta de ley del Ejecutivo andaluz "supone un grave ataque directo al corazón de este humedal Patrimonio de la Humanidad".

Fuentelsaz cree que “va a ser imposible la recuperación del acuífero”, y habla del gran daño que el sector agrario de la zona está sufriendo a nivel mediático: “Es un golpe durísimo a la imagen de España, de Huelva y de Doñana”. Por no hablar de las repercusiones judiciales, en forma de sanciones económicas, que arrastrará el asunto a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia europeo.

No opina lo mismo el presidente de la Junta, Juanma Moreno Bonilla. La semana pasada en Bruselas se mostró convencido de que Europa no "nos va a poner ninguna sanción", ya que la iniciativa de amnistiar a los regantes ilegales se llevará a cabo conforme "a la legislación vigente, tanto con las directivas europeas como con la sostenibilidad, y que equilibre el normal desarrollo económico de la zona con la protección de Doñana".

En su viaje, Moreno Bonilla insistió en que la medida impulsada por su Ejecutivo va dirigida a solucionar el problema de unos agricultores que han estado muchos años esperando a que la Administración les diese una solución, y añadió que "en ningún momento vamos a poner en peligro a una joya como es Doñana".

A nivel institucional, en la propia Andalucía tampoco hay consenso. En el pleno de la Diputación de Sevilla, celebrado el último jueves de enero, el grupo parlamentario Adelante presentó una moción para revertir la propuesta de ley del Gobierno autonómico. El texto recibió el apoyo del PSOE y el voto en contra de PP, Ciudadanos y Vox.

El oro rojo, en juego

En un mundo completamente globalizado como en el que vivimos —sobre todo en el aspecto económico—, la más mínima alteración mercantil en Andalucía occidental puede tener consecuencias directas a miles de kilómetros, en Hamburgo o Brighton.

Con el comercio ecológico en pleno auge, los valiosos frutos rojos, que se producen de forma masiva principalmente en la demarcación onubense de Doñana, llegan hasta las estanterías de muchos supermercados alemanes o británicos. Por lo tanto, son comprados por unos consumidores cuya conciencia ambiental está ampliándose en los últimos años.

Teniendo en cuenta este contexto, y las crecientes exigencias de los consumidores en el resto de Europa, el conflicto agrario en Doñana puede resultar un elemento desestabilizador de la exportación de algunos de estos productos españoles al extranjero. No obstante, hace varias semanas, periódicos como The Times en Reino Unido o el germano Frankfurter Allgemeine Zeitung publicaron sendas informaciones acerca de la amnistía del Ejecutivo andaluz a los poceros ilegales del parque.

Un ejemplo de estas nuevas preferencias y preocupaciones de los clientes, y de las empresas fuera de nuestro país, quedó reflejado hace unos meses cuando la poderosa cadena de supermercados ALDI amenazó directamente con dejar de vender aquellos productos vegetales que provenían del campo de Cartagena. Los altos niveles de contaminación del Mar Menor levantaron sospechas de que los agricultores de las zonas próximas realizaban todo tipo de vertidos sin ningún control, lo que estaba ocasionando la abundante muerte de peces y otras especies marinas, y la contaminación severa de las aguas.

Ante esto, algunas empresas importadoras de la famosa huerta murciana dejaron en suspenso la compra de productos hasta tener la certeza de que detrás de las frutas y hortalizas no había violaciones medioambientales. Los consumidores cada vez se fijan más en la procedencia de los productos y castigan si las certificaciones no son garantistas, o si lo que compran arroja alguna duda sobre la sostenibilidad en sus procesos productivos. Por eso la crisis agraria en Doñana también podría estar poniendo en peligro a lo frutos rojos en el mercado internacional.