Amnistía Internacional denuncia en su último informe un aumento del número de ejecuciones por pena de muerte en el mundo a lo largo de 2021. 579 en total, un 20% más respecto a 2020. Países como Irán, Arabia Saudí o Bangladés encabezan la lista de naciones que han utilizado el asesinato autorizado por el estado como método de contención de la actividad delictiva. 

Ejecuciones públicas por blasfemar en varios países de Oriente Medio, ahorcamientos por traficar con drogas en Irán, disparos por cometer actos de corrupción en China o por cuestionar las políticas del líder en Corea del Norte o decapitaciones por estar en "enemistad con Dios" en Arabia Saudí son sólo algunas de las brutales técnicas históricamente cometidas por diferentes países para acabar con sus ciudadanos más díscolos. Algunas aún se siguen practicando.

A pesar de que el aumento interanual de ejecuciones es considerablemente más alto que en 2020 (el año de las restricciones por la pandemia de covid-19) y que países como Irán y Arabia Saudí han visto aumentado su número de ejecuciones un 27% y un 140%, respectivamente, la tendencia global es descendente, en parte por la "relajación de las restricciones por covid-19", señala AI.

De hecho, las 579 ejecuciones que se reparten en 18 países de este año representan una cifra que equivale al segundo número de ejecuciones más bajo registrado por Amnistía Internacional desde 2010. En 2019, 2020 y 2021 hubo 657, 483 y 579, siendo, por tanto, la más baja la de 2020.

Los datos son negativos, asegura la oenegé, aunque la panorámica total muestra una ligera mejoría frente a otros años. No obstante, es difícil hacer una radiografía de la situación de la pena de muerte real, ya que las cifras reales pueden ser infinitamente mayores si se cuentan las ejecuciones en China, Vietnam y Corea del Norte, que mantienen bajo "secreto de estado" su número de muertes.

"Entusiasmo preocupante" por la muerte

A pesar de no tener cifras exactas, AI asegura que China ejecuta a miles de personas todos los años, por lo la organización hace un llamamiento a las autoridades del país asiático para que publiquen información sobre el uso de la pena de muerte.

"China, Corea del Norte y Vietnam siguieron ocultando su uso de la pena de muerte bajo capas de secretismo, pero, como siempre, lo poco que vimos fue motivo de gran alarma”, señala Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía.

"En lugar de aprovechar las oportunidades surgidas a raíz de las interrupciones de 2020, un reducido número de Estados demostró un entusiasmo preocupante al optar por la pena de muerte en lugar de por soluciones efectivas frente a la delincuencia, mostrando un cruel desprecio por el derecho a la vida a pesar de las urgentes y continuas crisis mundiales de derechos humanos", afirma Callamard.

Más allá de Irán y Arabia Saudí, otros países también han experimentado un aumento en sus penas de muertes llevadas a cabo (es decir, las que han acabado en la muerte del reo): Somalia (21 frente a las 11 de 2020), Sudán del Sur (9 frente a 2), Yemen (14 frente a 5), Japón (que ahorcó a 3 personas, rompiendo la racha de dos años) y Emiratos Árabes Unidos (1).

Estados Unidos, por su parte, practicó 11, las únicas que se llevaron a cabo en las Américas. En el resto de países del continente se cumplió el decimotercer año consecutivo sin ejecuciones.

Abolición

A pesar de todo, Amnistía Internacional señala que numerosos países han dado enormes pasos en firme por abolir la pena de muerte, y destaca el ejemplo Sierra Leona, Kazajistán y Papúa Nueva Guinea, que han abolido (o están a punto de hacerlo) la sentencia capital.

Malasia también anunció que presentaría "reformas legislativas" a lo largo del tercer trimestre de 2022 para acabar con esta práctica y en Filipinas, que se amagó con volver a instaurarla, varios senadores han afirmado que no la apoyarán.

Actualmente, "sólo" hay 55 países en todo el mundo que lleven a cabo asesinatos auspiciados por las autoridades. 

En el caso de Europa, la única nación que mantiene la pena de muerte activa es Bielorrusia, aliado de Vladímir Putin en el continente, copartícipe logístico de la invasión de Ucrania. Sin embargo, en 2021, mucho antes de la agresión a su vecino ucraniano, la propia Federación Rusa y Tayikistán, históricamente países ejecutores, mantuvieron la suspensión de sus sentencias de muerte. Lo mismo ocurrió con Gambia y Malasia, que aplicaron moratorias oficiales de las ejecuciones.

“La minoría de países que mantienen la pena de muerte están sobre aviso", alerta Callamard. Y sentencia: "No sólo podemos imaginar un mundo sin homicidios autorizados por el estado, sino que está al alcance de la mano y seguiremos luchando por él. Continuaremos denunciando la arbitrariedad, la discriminación y la crueldad inherentes a este castigo hasta que no quede nadie bajo su sombra. Es hora de que el castigo más cruel, inhumano y degradante sea relegado a los libros de historia”.