La ley de regadíos de Doñana podría legalizar casi 2.000 hectáreas más: las claves para entender la polémica

Estos datos son los que han subido de temperatura el debate medioambiental –y político, en definitiva– en torno a la proposición de ley (PDL) para la regularización de regadíos presentada a principios de marzo en el Parlamento andaluz. Sin embargo, como reconoce en rueda de prensa Juanjo Carmona, coordinador para Doñana del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), faltaban todos los datos técnicos para conocer –de manera real– hasta qué punto va a impactar esta normativa en el territorio sobre el que se pretende legislar.

En base a datos satelitales y ortofotografías aéreas –cruzados con la información de la normativa que se pretende aprobar–, se podrían amnistiar más del doble de las hectáreas declaradas: hasta 1.903,7 frente a las 750 anunciadas hasta ahora. Es decir, según esta investigación, la superficie agrícola regable (con opción de optar a derechos de agua legalmente) supondría un aumento del 20% de las 9.418 hectáreas que ya había en 2021.

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¿Qué propone la ley de regadíos?

A principios de marzo, el gobierno andaluz –con mayoría del PP–, recuperó, aunque algo modificada, una vieja promesa que planteó un año antes junto con Vox en el parlamento autonómico. La proposición de ley pretende modificar dos antiguas normativas como son el Plan Especial de Ordenación Regadíos de la Corona Norte Forestal de Doñana (PEOCFD), también conocido como el Plan de la Fresa, así como la Ley Forestal de Andalucía.

El Plan de Ordenación del Territorio del ámbito de Doñana (POTAD) recomendó en su día la redacción de un Plan Especial para la ordenación de las zonas con cultivos en regadío localizadas al norte de la corona forestal de Doñana. Aprobado en 2014, se impulsó con el objetivo de equilibrar la explotación de agua del territorio de una forma sostenible y, de esa manera, asegurar la continuidad de Doñana, una de las reservas naturales más importantes a nivel mundial.

Sin embargo, para el gobierno andaluz, la iniciativa provocó “que muchas hectáreas que tradicionalmente eran objeto de cultivos en regadío pasaran a considerarse por la administración autonómica como no aptas”. Así, según el documento de la PDL, con las nuevas modificaciones se pueden calificar nuevas hectáreas de suelos agrícolas como “susceptibles de ser explotados en régimen de regadío” y estiman una superficie adicional de unas 750 hectáreas.

Trabajadores en una plantación fresera. Freshuelva Europa Press

Por otro lado, la reforma de la Ley Forestal de Andalucía que lleva aparejada pretende, asimismo, reconocer derechos de suelo regable a aquella superficie forestal que hubiera sido cultivada, y no solo en el entorno de Doñana, sino en toda la comunidad andaluza.

La propuesta incluye –a diferencia de lo propuesto hace un año– el riego con agua superficial en el corto o largo plazo. Esto, apuntan, se podrá llevar a cabo con el trasvase de hasta 19,99 hectómetros cúbicos de la cuenca hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras hacia la del Guadalquivir –aún en proceso y competencia del Ejecutivo nacional–, así como con la regeneración de aguas depuradas o desalinización.

No obstante, a los agricultores que, en caso de aprobarse la normativa, vean ampliados sus derechos de riego, no se les asegura nada, porque la responsabilidad sobre abrir el grifo o no recae en la CHG, dependiente de la Administración nacional. 

Sin embargo, Joaquín Páez, su presidente, en declaraciones recogidas por Europa Press explica que la transferencia de recursos de hasta 19,99 hectómetros cúbicos desde la Demarcación Hidrográfica de los ríos Tinto, Odiel y Piedras a la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir se establece en la Ley 10/2018.

Reconoce que la normativa "en ningún caso" contempla que "aparezcan nuevas hectáreas" de regadío "a las que haya que surtir con agua de ese trasvase". Además, insiste en que ya “se han regularizado en el entorno de Doñana más de 2.440 hectáreas que han permitido a los agricultores" vinculados a las mismas "tener derechos".

¿Qué dicen los datos?

Las 750 hectáreas en el entorno de Doñana a las que el gobierno andaluz pretende dar derechos de riego serían menos de la mitad de las que ha comprobado ahora una investigación de WWF. Como se señalaba al comienzo de este artículo, en base a los datos públicos satelitales, imágenes ortográficas y lo que propone la PDL, las 9.418 hectáreas declaradas como suelo agrícola regable (según datos de 2021) se verían incrementadas en 1.903,7 hectáreas. Es decir, casi 2.000 campos de fútbol.

De acuerdo con estas informaciones, de esas casi 2.000 hectáreas a las que se les reconocen derechos históricos no recogidos en ninguna normativa, entre 2004 y 2014 se habrían transformado de manera ilegal.

Fincas ilegales en Doñana. WWF

En este período de tiempo, los suelos de secano que se habrían puesto en regadío ascenderían a 1432,4 hectáreas. Carmona reconoce que “de todas estas hectáreas llevamos ya computado, y con pruebas documentales, que un 70% no se han regado jamás”, por lo que, en su día ya infringieron el POTAD, el plan que divide las tierras en regadío y secano, y en su mayoría no habría derechos históricos sobre esa superficie.

A esas 1.432 hectáreas se sumarían otras 471,3 que pasan de ser tierras forestales y se establecen como tierras agrícolas, “lo cual con la normativa de ese momento –Ley Forestal de Andalucía–, es ilegal”, explica Carmona. 

Como explica el también abogado, “los terrenos que fueran de eucalipto, por ejemplo, o especies de turno corto que estaban plantadas se declaran tierras forestales”. Según el experto, antes, en los años 80, hubieran sido terreno agrícola, comenta, pero en el año 93 cuando llega el POTAD, se tienen que declarar forestales, porque así lo dice la ley en ese momento. 

Ejemplo de transformación efectuada en el periodo 2004 - 2015 dentro de zonas B y C del Plan Especial. WWF

“Lo que dice ahora la modificación de la ley forestal andaluza es que, todo aquel que fuera tierra agrícola, las convirtió en forestales y las ha vuelto a convertir en agrícola, es tierra agrícola”, explica Carmona. Así, “hay un primer paso que es que tú has cortado los eucaliptos en 2014 o en 2007, y si era agrícola antes de eso, te voy a dar tierra agrícola. Pero, además, como tú has puesto la tierra ilegalmente en regadío entre 2004 y 2014, te voy a dar derechos de regadío”. 

Es decir, como denuncian desde WWF, la única condición que se establece en la normativa que se pretende aprobar para otorgar derechos de riego es que una determinada superficie se haya regado entre 2004 y 2014, cuando se aprueba el Plan de la Fresa. “No hay ninguna más”, comenta Carmona, que explica que han encargado este informe a unos técnicos, por lo que “no es opinión”, sino criterios demostrables que deberían haber realizado antes desde la Junta.

Ejemplo de transformación efectuada en el periodo 2004 - 2015 dentro de zona A. WWF

¿Qué se está haciendo en Doñana?

De acuerdo con el último informe de situación del Parque Nacional de Doñana difundido por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), la reserva “está siendo sometida a fuertes presiones”. Señalan que en los últimos años se ha producido un gran crecimiento de la agricultura intensiva en la periferia de este espacio y el regadío asociado a esta actividad está produciendo un descenso del nivel freático. 

Esto, sumado a las sequías que cada vez se producen con más frecuencia, han provocado el deterioro del Parque Nacional. La ministra para Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha destacado que se trata del “único espacio natural español que cuenta con todas las figuras de protección a nivel internacional, incluida la Declaración de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1994”.

Según el Marco de Actuaciones para Doñana, la declaración de tres masas de agua subterránea “en riesgo”, en julio de 2020, ha permitido incrementar el control de las extracciones y el cierre de pozos ilegales: 701 ya se han cerrado y 428 están en tramitación de cierre. 

Mapa del estado de las masas de agua subterráneas de Doñana.

Además, la sustitución del uso de estas reservas por otras superficiales (siempre sin aumento de la superficie regada) permitirá también cerrar los pozos legales y, de esta forma,  reducir las extracciones sobre el acuífero. Esta sustitución se realiza principalmente mediante dos infraestructuras: trasvase de 19,99 hm3/año, procedentes de la cuenca del Tinto-Odiel-Piedras; volumen adicional de 8 hm3/año mediante recrecimiento del Embalse de El Agrio.

Además, el Marco de Actuaciones prevé una inversión de 100 millones para la adquisición de terrenos con derechos de agua que actualmente impiden la conexión del río Guadiamar con las Marismas. La adquisición comenzará en 2024.

Por otro lado, en materia de saneamiento y depuración están ya en ejecución la adecuación del tratamiento de la EDAR de Sevilla, con un presupuesto de adjudicación de 72 millones, así como las depuradoras de Isla Mayor (4,9 millones) y de Gerena (5,8 millones) mediante un convenio con Aljarafesa (que se prevé que finalizan en 2024), También el proyecto de ampliación de la EDAR de Matalascañas se encuentra actualmente en realización del estudio de alternativas y su finalización está prevista en 2027.

¿Qué dice la UE?

En el año 2021, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dio el tirón de orejas definitivo a España para que revirtiera la situación que vivía Doñana. Reconocía el “descenso dramático” del nivel piezométrico del acuífero de Doñana por la sobreexplotación e imponía a España la adopción de una serie de medidas para solucionarlo. De lo contrario, se tomarían medidas.

Al año siguiente, cuando se propuso la normativa de regadíos, la directora general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Florika Fink-Hooijer, remitía una misiva a España mostrando su preocupación por la iniciativa que, en el mismo sentido, presentaron PP, Cs y Vox -la cual decayó por la celebración las elecciones autonómicas-. 

No obstante, la deriva que está tomando la normativa presentada ahora por el PP andaluz ha llevado al actual comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevičius, a lanzar una nueva advertencia: “Si se aprueba como se ha propuesto, [la ley regadíos] podría degradar el humedal protegido de Doñana, uno de los más grandes de Europa y de suma importancia para la coherencia de la Red Natura 2000″. Asimismo, reitera que un mayor deterioro de las masas de agua “tenga efectos desastrosos para la conservación de los frágiles ecosistemas de los humedales de Doñana, uno de los puntos críticos de biodiversidad de la UE”.

La Laguna del Moral, en Doñana, desaparecida e invadida por un matorral típico de zonas secas. CSIC

“Esperemos que recapaciten y retiren la norma”, señala Carmona, porque, dice, “puede hacerlo”. Como explica el abogado, “una fórmula posible es retirar esos artículos referentes a la modificación del plan de la fresa y los referentes a la ley forestal de Andalucía e incluya un artículo que sea para crear una Oficina Técnica. Con eso se salva el trámite parlamentario y se puede seguir si no la puede retirar”.

Por su parte, el presidente andaluz, Juanma Moreno, ha asegurado –en declaraciones recogidas por Efe– que la la Junta de Andalucía va a seguir "llamando a la puerta" del Ejecutivo central para buscar el consenso sobre la situación de la ordenación de los regadíos de la corona norte de Doñana, y ha señalado que desea "conocer" la alternativa de la administración central.

De hecho, tras reconocer que el de Doñana es un asunto que se debería abordar "de manera discreta" entre ambas administraciones y sacarlo del "ruido electoral", Moreno ha señalado que la Junta está dispuesta a estudiar "lo que nos proponga el Gobierno" para poner una solución a estas familias de la provincia de Huelva.