Bruselas, en pie de guerra por Doñana: su trato es insostenible y reitera que no dudará en "tomar medidas"

El estado de Doñana es alarmante. Atraviesa por una sequía a cámara lenta que puede acabar con el ecosistema. Sobre todo si se sigue extrayendo agua de un acuífero ya declarado como “sobreexplotado”. Las hectáreas de regadío en el entorno de la reserva, los pozos ilegales y, en definitiva, el abuso de sus recursos están mermando su capacidad de autoregulación y supervivencia. 

En este contexto, la Comisión Europea, ha vuelto a enviar un mensaje claro, y es que no va a permitir que ninguna decisión acabe con el ecosistema natural más importante de Europa. Así lo ha reiterado en una nueva respuesta a una pregunta presentada por el Grupo Greens/EFA del Parlamento europeo en la que volvía a señalar la intención de la Junta de Andalucía acerca de sumar nuevas hectáreas de regadío en las proximidades de Doñana.

El plan de los grupos políticos PP, Ciudadanos y Vox en Andalucía pasa por legalizar unas 1.400 hectáreas de cultivos de regadío que beberían de un recurso ya en profundo deterioro. Aunque la decisión pende de un hilo. La convocatoria de elecciones autonómicas para el 19 de junio ha disuelto el parlamento y ha paralizado temporalmente el plan en Doñana. Al menos, hasta después del verano, cuando se constituya de nuevo la Cámara.

Sin embargo, el temor a que se pueda reavivar esta decisión en el seno de la Junta de Andalucía mantiene en vilo a quienes quieren asegurar el futuro de la reserva natural. Como recoge Efe, Mar González, coportavoz de Verdes EQUO Andalucía, asegura que la Comisión, de acuerdo a lo dispuesto en su Directiva de Hábitats y su Directiva Marco del Agua, “se excluye cualquier posibilidad de otorgar nuevos derechos de uso de agua”.

Y más después de la sentencia histórica que profirió al España el pasado verano, con la que denunciaba que la sobreexplotación de su acuífero y las extracciones desmesuradas de agua estaban poniendo en verdadero riesgo el ecosistema. Con el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea urgían a nuestro país a dar todos los pasos posibles para recuperar su estado.

Vista aérea de hectáreas de regadío que podrían ser amnistiadas.

En este sentido, la Comisión ha vuelto a insistir en el cumplimiento de la sentencia. De nuevo, vuelve a exigir que se tomen medidas eficaces para remediar las causas del deterioro de los hábitats naturales de Doñana. En particular, mejorando el estado de las aguas subterráneas.

Además, desde Bruselas aseguran que están supervisando muy de cerca la ejecución de la sentencia por parte de España, porque “no dudará en tomar las medidas necesarias para asegurar su ejecución, de conformidad con los Tratados”. 

Según declaraciones recogidas por Efe de Manuel Pérez, coportavoz de Verdes Equo Andalucía, explica que ya se presentó una proposición no de ley en el Congreso “pidiendo que el Gobierno tomara cartas en el asunto y garantizara la protección de Doñana”. Añade también que han demostrado que están dispuestos “a llevar la situación al Parlamento europeo si no se remedia el despropósito que el Gobierno de la Junta pretende sacar adelante”.

La UE se mantiene vigilante

Aunque, de momento, este nuevo plan de regadíos parece estar paralizado, todavía existen amplias posibilidades de que la decisión se acabe llevando a cabo. Una intención que iría en contra de lo que la Comisión considera positivo para poder recuperar Doñana.

Por este motivo, como recoge este artículo publicado en EL ESPAÑOL, el fantasma de una nueva multa económica millonaria se vuelve cada vez más real. Sobre todo, después de que la Comisión, en respuesta al plan de la derecha andaluza, amenazara con volver a acudir al Tribunal de Justicia de la UE por segunda vez. 

Una segunda visita a los tribunales europeos puede conllevar la imposición de sanciones pecuniarias y puede llevar a España a costear multas como la impuesta en 2018 por la gestión de las aguas residuales, la mayor a la que se enfrenta nuestro país hasta ahora. Al no pagarse y no tomar las medidas para arreglar la situación, la sanción sigue creciendo. Por ahora, alcanza la friolera de 62,96 millones de euros.