El expresidente de Bankia aseguró ayer ante el juez que investiga su patrimonio que él no participó y eligió personalmente a las empresas de publicidad designadas para llevar a cabo diversas campañas para la entidad y que son sospechosas de haberle pagado comisiones ilegales. Durante su interrogatorio, insistió que ese trabajo lo llevó a cabo una comisión, encargada de fusionar las agencias de publicidad procedentes de las diversas cajas que formaron Bankia.

Según han explicado fuentes presentes en el interrogatorio a EL ESPAÑOL, Rato señaló ante el juez de Madrid Antonio Serrano-Arnal y la fiscal de Anticorrupción Elena Lorente, que la persona que coordinó la elección de las agencias de publicidad fue Pilar Trucios, designada directora general adjunta de Comunicación de Bankia en la época de Rato como presidente de la entidad.

El también exvicepresidente del Gobierno alegó en su declaración que desconocía que las dos empresas designadas, Zenith Media y Publicis, habían encargado a la sociedad Albisa la labor de ayudarles a acceder al concurso para las compañas publicitarias y por lo que se le pagó. Se da la circunstancia de que Albisa, de Alberto Portuondo, había pagado por trabajos profesionales un total de 450.000 euros a la sociedad Kradonara, propiedad de Rato.

Según aseguró Rato en el interrogatorio que duró algo más de tres horas, desconocía el vínculo entre Portuondo y la dos empresas de publicidad. Defendió que los pagos de Albisa a Kradonara responden a trabajados profesionales documentados. Los investigadores sospechan que Zenith media y Publicis pagaron a Rato comisiones ilegales por adjudicarles las campañas de publicidad y lo hicieron a través de Albisa para posteriormente ésta pagar al expresidente de la entidad a través de Kradonara, sociedad que habría llegado a recibir hasta 6,5 millones de euros del extranjero de origen desconocido.

No tiene dinero oculto

Respecto del cobro por su participación en conferencias a través de sociedades, el también exdirector del Fondo Monetario Internacional (FMI) ha defendido su legalidad al explicar que existen una controversia dentro de la propia Agencia Tributaria respecto de la posibilidad de poder cobrarlas a través de sociedades. Además, esos pagos, según alegó, han sido declarados a la hacienda Pública.

En un comunicado, al que ha tenido acceso este diario, el exministro de Economía vuelve a mantener su “absoluta colaboración” con la Justicia y ha aclarado que no dispone ni ha dispuesto “de otros bienes en el extranjero no declarados”. También se queja del “dilatado secreto del sumario” que, a su juicio, no se justifica “si se tiene en cuenta la naturaleza de los hechos investigados y que toda la documentación relevante ha sido ya incautada y consta a disposición de la Guardia Civil, la Agencia Tributaria y el Juzgado”.

Otro punto que ha querido destacar es que todos los bienes en el extranjero a los que se refiere la denuncia presentada por la Oficina Nacional contra el Fraude (ONIF) “tienen origen familiar y fueron declarados voluntariamente a la Hacienda Pública española conforme a los criterios del propio Ministerio de Hacienda”.

Al finalizar su interrogatorio, el titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid ha acordado retirarle el pasaporte y obligarle a acudir a la sede judicial para firmar una vez al mes, lo que le permite salir a países dentro de la Unión Europea. La Fiscallía Anticorrupción no consideró oportuno solicitar su ingreso en prisión.